La gigafactoría apenas emitirá una décima parte de CO2 que el sector metalúrgico de Sagunto

Las últimas estimaciones de la declaración de impacto ambiental limitan la contaminación atmosférica a 5.800 toneladas anuales de dióxido de carbono

Ese es también el nivel que alcanza el sector agropecuario, la producción de cemento y vidrio o el tratamiento y vertido de aguas residuales

Los terrenos de la futura gigafactoría ya están listos para su urbanización.

Los terrenos de la futura gigafactoría ya están listos para su urbanización. / Daniel Tortajada

Rafa Herrero

La velocidad de vértigo con la que se tramita y ejecuta el desarrollo de Parc Sagunt II para la instalación de la gigafactoría de Volkswagen provoca que se pierdan muchos detalles del impacto que tendrá la planta, más allá de los repetidos mensajes sobre la inversión o la mano de obra tanto directa como indirecta. Una de las cuestiones más significativas se centra en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la planta que, según la última actualización de la declaración ambiental, ascenderá a 5.800 toneladas anuales.

Para poner en perspectiva esta cifra basta decir que es menos de una décima parte de las emisiones del sector metalúrgico de Sagunto (Valencia), según el último inventario de gases de efecto invernadero elaborado por encargo de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Según este estudio, esta industria, en la que se incluye la producción tanto de hierro y acero como de aleaciones ferrosas, rozó las 70.000 toneladas anuales de CO2.

Otros sectores cuya contaminación es equiparable a la que producirá la gigafactoría de Volkswagen son la producción de cemento y vidrio, el conjunto del sector agropecuario de Sagunto o el tratamiento y vertido de aguas residuales tanto domiciliarias como industriales, según siempre las previsiones de la planta de baterías que se instalará en Parc Sagunt y el trabajo elaborado para la Generalitat por Geminis Tools.

Para acabar con la estimación de la huella de carbono que va a suponer la fábrica de baterías eléctricas, la declaración de impacto ambiental calcula que las emisiones de dióxido de carbono ascenderán a cerca de 5.351 toneladas al año. En esta cifra ya se tiene en cuenta tanto la esperada transición a los vehículos tanto ligeros como pesados a sistemas de propulsión eléctrica, así como la puesta en marcha de la estación intermodal, que permitirá la reducción de hasta un 65% de los camiones en beneficio del tren.

Frutales eliminados

Además de estas emisiones, el estudio también contempla que la desaparición de los árboles frutales que ya se ha hecho efectiva sobre una superficie "real" de casi 294 hectáreas también provocará una merma en la captación de dióxido de carbono de cerca de 1.617 toneladas al año. Mientras que la construcción de zonas verdes, jardines, arbolado urbano y setos rebajará la huella de carbono en cerca de 1.168 toneladas de CO2 al año, al programarse la plantación de 40.704 árboles y 90.996 arbustos.

Mientras la tramitación administrativa sigue su curso a velocidad de crucero, Espais Econòmics Empresarials también avanza a muy buen ritmo con toda la serie de contratos que dejará la parcela en manos de la multinacional. Solo entre las más recientes que se han oficializado durante el último mes destacan las obras de instalación de red de saneamiento y agua potable, que se adjudicaron por algo más de 611.000 euros a Canalizaciones civiles SA, así como la nueva instalación eléctrica en media tensión a 20 kv para suministro de auxiliar de obra, que se quedó Cobra Instalaciones y Servicios SA por algo menos de 1,2 millones de euros.

Mientras, los trabajos para la transformación agronómica del suelo siguen avanzando a buen ritmo. Esta actuación, que finalmente rondará los 12,5 millones de euros, se encontró con un importante contratiempo por la dureza de las rocas, lo que obligó a elevar casi un 50% el contrato que se adjudicó en su día Bertolín. Estos trabajos para despejar la parcela requieren incluso la utilización de explosivos después de estudiar el terreno.

Consell Jurídic

Debido al significativo aumento del presupuesto, la modificación del contrato requirió el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu, que la avaló, ya que el máximo permitido para este tipo de cambios es el 50% del presupuesto original y en este caso se quedó justo en el 49%, según informó en su día Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica.

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