Los últimos charcos empresariales del Gobierno: Telefónica, Celsa, Ferrovial y Naturgy

La operación de compra del 9,9% del capital de Telefónica por parte del grupo saudí STC es solo el último gran charco empresarial en el que se ha metido el Gobierno de Pedro Sánchez, que pronto tendrá que decidir si da el ok a la operación, si la veta o si le impone condiciones. Pero no es el único episodio de intervención del Gobierno en una decisión empresarial. El Ministerio de Industria ya ha levantado la mano para decir que el reciente traspaso de la propiedad de Celsa a los fondos de inversión acreedores, por decisión judicial del 4 de septiembre, también precisa de su aval final y está sujeta a la imposición de posibles condiciones. Aún quedan restos de barro del charco anterior, al que el Ejecutivo se lanzó en tromba para intentar frenar la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a los Países Bajos. Ni en el caso de Ferrovial, ni en el de Telefónica, los ‘servicios meteorológicos’ de información del Gobierno supieron anticipar el chaparrón. 

Traslado de Ferrovial a Países Bajos

Es hasta ahora el caso en el que el Gobierno ha salido más evidentemente trasquilado. El pasado 28 de febrero Ferrovial, unas las principales constructoras internacionales y miembro destacado del Ibex, remitía un frío y escueto comunicado a la CNMV en el que anunciaba su intención de trasladar su sede a Países Bajos para facilitar su salto a cotizar en Wall Street. A la mañana siguiente, el Gobierno salía en tromba a denunciar la maniobra. Desde la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que se puso manos a la obra para buscar todos los resquicios legales, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un hecho insólito criticó con nombre y apellidos al presidente de la empresa, Rafael del Pino, y le tachó de empresario “poco comprometido”. También participaron activamente la CNMV y el gestor de las bolsas (BME), que se afanaron en desmontar el motivo principal esgrimido por Ferrovial. La CNMV y BME insistieron en que se podía cotizar en Estados Unidos prácticamente de igual forma tanto desde España como desde Países Bajos.

Además, el Gobierno amagó con utilizar al Ministerio de Hacienda para investigar supuestas motivaciones fiscales de la empresa o incluso de la familia Del Pino en el traslado de la sede. Pero a pesar de la insistencia del Ejecutivo en criticar el traslado, el proceso siguió adelante y fue ratificado mayoritariamente por la Junta de Accionistas. Falta por ver si, cuando llegue el momento, Hacienda permitirá a Ferrovial aplicarse las ventajas fiscales del régimen fiscal de fusiones o si, por el contrario, las vetará, si logra demostrar que el verdadero motivo para el traslado de la sede fue pagar menos impuestos (y no lograr cotizar en Wall Street). 

Celsa, el sector estratégico del acero

¿Qué pasará ahora con Celsa? Las claves del futuro de un gigante con 10.000 empleados

El 4 de septiembre se conoció la decisión del juzgado número 2 de lo mercantil de Barcelona de traspasar la titularidad del gigante siderúrgico Celsa a los fondos de inversión acreedores. Al amparo de la nueva ley concursal, el juez falló en contra de la familia Rubiralta -dueña hasta ahora de Celsa- cediendo a sus acreedores el control de este grupo industrial que da empleo a más de 10.000 personas en España. Apelando al carácter estratégico de la industria siderúrgica, el Ministerio de Industria prevé aplicar la normativa de control de inversiones exteriores para autorizar, o no, el traspaso de Celsa a fondos de inversión de titularidad extranjera. En caso de autorizar el traspaso, el Gobierno podría, en todo caso, imponer determinadas condiciones para salvaguardar la autonomía industrial de España en este sector. Igual que en el caso de STC y Telefónica, en este caso la herramienta de intervención del Estado reside en el conocido como ‘escudo antiopas’ que, tras la reciente reforma del mes de julio, ahora está regulado en el real decreto ley 571/2023. El ‘president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, que hasta el último momento ha apoyado el diseño de un plan industrial que permitiera a la familia Rubiralta conservar la empresa, sin embargo ha evitado pronunciarse sobre si el Gobierno debe invocar o no el decreto ‘anti opas’ en el caso de Celsa: “Eso deberá valorarlo el Gobierno", dijo Aragonès este jueves, evitando meterse en el mismo charco que el Gobierno. 

La opa de IFM sobre Naturgy

En la larga guerra desatada desde que el fondo australiano IFM anunció su intención de entrar en el capital de Naturgy (en febrero de 2021), donde juega un papel fundamental Criteria, el hólding inversor de Caixabank, el Gobierno ha tenido una participación menos embarrada, a pesar de la importancia económica y estratégica de la operación en una compañía que ahora vale en bolsa más de 25.000 millones. Hay que tener en cuenta que la normativa de blindaje aprobada en 2020 permite al Ejecutivo vetar la compra de un inversor extranjero que supere el 10% en una compañía considerada estratégica. Y la oferta australiana de compra de acciones de Naturgy se convirtió en la primera operación sujeta a estas

. Y sí, el Gobierno, siete meses meses después de que se lanzara la opa, en agosto de 2021, autorizó, aunque con condiciones, la oferta: exigió para dar su ok que IFM apoyara las nuevas inversiones, mantuviera su sede en España y respetara el empleo. 

Lo llamativo es que Caixabank, el mayor accionista de Naturgy (tiene un 26,7%) y también con una fuerte presencia del Estado en su capital (un 17%), rechazó la opa, que acabó con un 10,8% de las acciones en manos de los australianos (ahora ya controlan un 14,5%). Ahora mismo, la situación se encuentra en un juego de escaramuzas dentro del consejo de administración. IFM formalmente apoya la línea estratégica de Naturgy, pero sigue comprando acciones (un 17% le da derecho a dos asientos en el consejo) y también ha intentado forzar el nombramiento de un número dos en la empresa española, algo a lo que hasta ahora se ha resistido con éxito su presidente, Francisco Reynés.