Europa libra a los vuelos con las Islas de la imposición del biocombustible
El reglamento de la Eurocámara exime hasta 2030 a los aviones que usen los aeropuertos de las RUP pero da potestad a los Estados para levantar la excepción
Viajeros en el aeropuerto de Gran Canaria antes de coger el vuelo de regreso a sus países tras las vacaciones. / ANDRÉS CRUZ
M. Á. Montero
El Parlamento Europeo le dio ayer su plácet definitivo al nuevo reglamento sobre los combustibles en la aviación comercial. Una nueva normativa que impone a las aerolíneas que usen los aeropuertos situados en territorio comunitario el uso de al menos un 2% de biocombustibles, o de combustible sintético s(SAF), desde 2025. No obstante, el texto de la Eurocámara libra hasta 2030 de esta obligación a los vuelos que despeguen o aterricen de los aeródromos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), con lo que la medida, en principio, no afectará al Archipiélago. Eso sí: hay que remarcar lo de en principio, ya que el reglamento da a los Estados miembros la potestad para hacer cumplir esta medida en aeropuertos exentos de su aplicación sin necesidad de previa consulta a las autoridades europeas. En otras palabras: España tendrá vía libre para levantar la excepción en cualquiera de los aeródromos isleños si así lo considerase.
La nueva normativa también deja fuera de su aplicación a los aeródromos más pequeños
El objetivo de la UE a largo plazo es que en 2050, dentro de 27 años, haya en los depósitos de los aviones que operen en territorio comunitario al menos un 70% de combustible sostenible. Es una de las grandes medidas de la ambiciosa hoja de ruta verde que Bruselas se ha autoimpuesto, un plan en el que también figuran la inclusión de la aviación comercial en el mercado de derechos de emisión y la tasa o impuesto al queroseno, la popularizada como tasa verde. Medidas que, en definitiva, subirán los costes de las aerolíneas -las compañías vienen avisando que aún no hay una oferta de biocombustibles suficiente para seguir el ritmo al que Bruselas pretende descarbonizar el sector- y en última instancia encarecerán los billetes. Un riesgo inasumible para una Canarias donde la plena movilidad interior solo es posible en avión y cuya economía, esto es, miles de empresas y decenas de miles de empleos, dependen de los turistas, quienes en su grandísima mayoría vienen a las Islas precisamente en avión.
Mato pide un trato singular para las RUP también en la ‘tasa verde’ y el mercado de emisiones
La exención del uso mínimo de biocombustible en favor de las RUP supone así un pequeño alivio, aunque la partida mayor que juega la Comunidad Autónoma es la de la tasa al queroseno. De momento, en lo que a la carga de combustible ecológico se refiere, el reglamento de la Eurocámara afecta a todo aeropuerto de la Unión que mueva más de 800.000 pasajeros o más de 100.000 toneladas de mercancías «y que no esté situado en ninguna de las Regiones Ultraperiféricas». No en vano, en el texto se admite que resulta «fundamental» que las RUP no se vean perjudicadas por la aplicación de las nuevas normas, lo que no obsta, «a fin de lograr un mayor nivel de ambición», para que los Estados puedan decidir levantar esta exención.
El eurodiputado canario Gabriel Mato, del PP, intervino ante el pleno del Legislativo comunitario para valorar esta «buena noticia» para las RUP y aprovechó para insistir en la preocupación que generan en las Islas el mercado de derechos de emisión y la tasa verde. Canarias y las demás RUP, subrayó Mato, «deben tener un tratamiento diferenciado».
El Gobierno de Canarias, las dos autoridades portuarias de las Islas y empresarios elaborarán una propuesta conjunta para solicitar a la Comisión Europea la adaptación del nuevo reglamento sobre el ajuste de carbono en frontera para evitar que perjudique a las regiones ultraperiféricas (RUP). La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad evalúa diferentes propuestas que contemplan las especificidades y singularidades del Archipiélago, para minimizar las consecuencias que tendría esta medida para el movimiento de mercancías por vía marítima y la economía isleña, al ser un instrumento para gravar en las fronteras de la UE la importación de productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido dentro. Con la entrada en vigor de esta normativa en octubre y la proximidad de infraestructuras portuarias que están exentas de su cumplimiento, el sistema portuario en Canarias podría quedar en una situación de desventaja competitiva. Canarias defenderá las exenciones, sin obviar su estrategia de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. | Efe
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