España fuerza la parada de fábricas para reducir el consumo de luz de urgencia

España ha tenido que activar por primera vez el nuevo sistema para reducir el consumo de luz de urgencia un año después de su puesta en marcha. Fue hace un mes, en la noche del 4 de septiembre, cuando Red Eléctrica de España -el gestor del sistema eléctrico español- ordenó la parada obligatoria de varias fábricas industriales para reducir el consumo de electricidad nacional y evitar un desajuste importante por no disponer de suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda la demanda.

Red Eléctrica (REE) lanzó la orden a las factorías de que detuvieran su consumo de luz a las 21.59 horas de aquel lunes para evitar un problema provocado por la parada no programada de la central nuclear de Ascó, en Tarragona, por un fallo interno, y que coincidió con una menor aportación de la producción de parques eólicos de la esperada y también con un alza de las exportaciones de electricidad, según confirman varias fuentes oficiales.

El temor a un desajuste provocó que varias fábricas tuvieron que detener su actividad. Fue la primera vez que se puso en marcha el nuevo sistema de respuesta activa de la demanda, aprobado hace un año por el Gobierno como parte del Plan +Seguridad Energética, y que sirve para reducir de manera rápida altos consumos de electricidad (especialmente de la gran industria) para evitar desvíos graves en el funcionamiento del sistema eléctrico.

Desde Red Eléctrica se subraya que, pese a la activación del sistema de urgencia, aquella noche no hubo un riesgo de apagón. “La continuidad del suministro no se vio en ningún momento comprometida, siendo el objetivo de la orden de activación garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual en la que se vieron reducidos los recursos disponibles en el sistema”, explican fuentes del gestor del sistema eléctrico.

94 millones al año más extras

La propia REE organizó en octubre del año pasado una subasta en busca de grandes consumidores de electricidad, comercializadoras y agentes del mercado eléctrico dispuestos a detener el consumo de luz si fuera necesario a cambio de una retribución específica. Como resultado de esa puja, el sistema eléctrico peninsular cuenta con 497 megavatios (MW) de potencia dispuestos a reducir su consumo en momentos puntuales para garantizar el equilibrio entre generación y demanda. En la noche del 4 de septiembre se ordenó la detención de toda esa potencia disponible, los 497 MW íntegramente, reduciendo el consumo de luz en 1.424,7 megavatios hora (MWh), según los registros oficiales de REE.

Las fábricas adjudicatarias de la subasta del sistema de respuesta activa de la demanda recibirán una retribución fija de 69,97 euros por cada MW asignado y hora, contando que deben estar disponibles para parar y prestar el servicio de urgencia un total de 2.714 horas al año (un 31% de todas las horas del año, concentradas en los días laborales y en diferentes periodos horarios del día que cambian en función de los distintos meses).

La retribución total que recibirán las compañías es de 94,3 millones de euros durante un año de manera fija, a los que se suman pagos puntuales cada vez que son obligadas a dejar de funcionar en función del tiempo de parada y del precio del mercado eléctrico del momento. Por la parada forzosa de hace un mes las factorías afectadas recibieron 189.756 euros extra (a razón de 133,19 euros por cada uno de los 1.424,7 MWh no consumidos aquella noche).

“La aplicación del servicio de respuesta activa de la demanda es algo normal. Las herramientas de flexibilidad y de gestión de la demanda, así como los nuevos negocios que surjan a su alrededor, tendrán cada vez más importancia en un sistema eléctrico cada vez más digitalizado e inteligente”, explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica. La vigencia de la subasta actual expira el próximo 31 de octubre, y REE deberá convocar otra puja en las próximas semanas en busca de nuevos adjudicatarios para los próximos doce meses.

Sustituto de la vieja ‘interrumpibilidad’

 El sistema de respuesta activa de la demanda está diseñado para aplicarse sólo en momentos puntuales para asegurar la continuidad del suministro en situaciones de escasez de energía en servicios concretos de ajuste del mercado eléctrico (como la reserva de sustitución o la regulación terciaria). Las paradas de las fábricas sólo pueden tener una duración máxima de tres horas al día por cada compañía adjudicataria del servicio y se ha de hacer un preaviso a las empresas con al menos 15 minutos.

El actual servicio de respuesta activa de la demanda vino a sustituir al antiguo programa de interrumpibilidad que estuvo vigente en España durante más de una década, desde 2008 y a 2019. El nuevo sistema busca evitar desequilibrios entre generación y demanda en el conjunto de España integrándose en los propios servicios de ajuste del sistema, mientras que la anterior interrumpibilidad era un escudo para situaciones de seguridad de carácter local tanto por falta de suministro o por grandes subidas del precio de la electricidad. En el actual servicio participan apenas una quincena de compañías, el antiguo sistema retribuía a más de un centenar de grandes factorías.

Durante el primer año de vigencia del nuevo sistema el coste ha sido de poco más de 94 millones y se ha utilizado en una ocasión. El servicio de interumpibilidad tuvo un coste que se cargaba en los recibos de la luz de un total de 5.258 millones de euros durante los doce años en que funcionó (en 2019 el importe fue de unos 200 millones de euros, pero en ejercicios previos se superaban de manera permanente los 500 millones anuales e incluso en 2014 se rozaron los 660 millones de euros.

Entre 2008 y 2017, toda una década, Red Eléctrica casi no utilizó el sistema de interrumpibilidad, ordenando en todo ese tiempo el paro forzoso de fábricas durante sólo cinco horas (aunque las factorías debían atender de manera obligatoria a paradas para realizar comprobaciones de que el sistema funciona bien, a razón de unas 88 horas por año). En los dos últimos años en que estuvo vigente, una reforma legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy facilitó la activación del sistema por motivos económicos, para evitar fuertes subidas del mercado eléctrico por desajustes entre oferta y demanda. En 2018 la interrumpibilidad se activó en 50 ocasiones, en 2019 sólo funcionó tres veces.