Trabajo estudia revisar las multas a las empresas que incumplan el registro de jornada

El Ministerio de Trabajo planteará a patronal y sindicatos revisar las sanciones para aquellas empresas que incumplan la normativa de jornada. El departamento liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, iniciará este jueves a las nueve y media de la mañana las negociaciones para reducir la jornada laboral máxima a la semana de las actuales 40 horas, a 38,5 horas. Y uno de los puntos que quiere tocar en ese marco es la normativa, vigente desde 2019, que obliga a todas las compañías a controlar de manera efectiva el número de horas que realizan sus empleados cada día. Normativa que, tras cuatro años de vigencia, no todas las corporaciones cumplen y respetan, en tanto que en la mitad de las actuaciones al respecto la Inspección de Trabajo encuentra irregularidades.

Díaz ya ha citado a patronal y sindicatos para empezar a abordar una de las normas llamadas a ser clave en la legislatura y que, de momento, está cogiendo la delantera en cuanto a agenda a otras negociaciones, como la reforma de los subsidios de desempleo. Sobre esta no hay todavía cita programada con los agentes sociales, si bien los contactos continúan.

La reducción de jornada se erige como clave por su incidencia, ya que pese a que muchos asalariados en España ya tienen pactadas menos de 40 horas a la semana, en sectores como el comercio, la industria manufacturera o la hostelería lo habitual es trabajar por encima incluso de esa cifra. También por su complejidad, ya que hay gremios donde las horas de trabajo obedecen a picos de faena y las compañías suelen organizarse en torno a una jornada anual, que se traduce luego en semanas claramente por encima de las 40 horas y otras de menor carga.  

"De la misma manera que el Gobierno se ha enfocado a aparejar la edad legal de jubilación con la efectiva, ahora tenemos que lograr lo mismo con la jornada laboral", apunta uno de los negociadores citados el próximo 25 de enero. Y siguiendo el principio de ‘lo que no se mide, no existe’, Díaz ya ha avanzado que pretende reformular la actual normativa de registro de jornada, que tras cuatro años en vigor deja un balance cuestionable, dados los incumplimientos masivos por parte de las compañías.  

Según los últimos datos facilitados por Inspección de Trabajo, entre mayo del 2019 (cuando entró en vigor la norma) y mayo del 2023, la mitad de las empresas investigadas por la ‘policía laboral’ no superó una revisión. Y durante esos cuatro años, Trabajo ha impuesto requerimientos y sanciones por valor de 6,1 millones de euros. 

Multas poco disuasorias

Desde el departamento dirigido por Díaz reconocen que la normativa tiene déficits y distintos inspectores de Trabajo consultados por este medio critican los ‘agujeros’ a los que se agarran las empresas para sortear multas por horas extraordinarias. Y es que la normativa se limita a describir que el registro debe ser "objetivo" y "fiable", pero no concreta más allá ni establece pautas comunes para todas las empresas. 

Lo que permite a muchas empresas falsear los registros y deja en agua de borrajas muchas inspecciones por este motivo. En tanto que los testimonios verbales de los trabajadores denunciantes tienen poco peso en comparación con pruebas documentales. Y ahí las empresas tienen margen para aprovecharse de que pueden registrar la jornada a papel y bolígrafo y fintar en ocasiones sanciones abultadas por un abuso sistemático de jornada. 

Otro déficit que ya denunciaron los sindicatos cuando la socialista Magdalena Valerio, entonces ministra de Trabajo, aprobó la normativa de registro de jornada en 2019 es la cuantía y formato de las multas. Carecer de registro de jornada tiene actualmente un coste de entre 751 y 7.500 euros, independientemente de lo que facture la compañía o cuantos empleados tenga en plantilla. Lo que para compañías medianas o grandes tiene escaso efecto disuasorio y puede suponer un torpedo a la libre competencia entre empresas.

Ahora la Yolanda Díaz pretende recuperar la actualización de las sanciones sobre las infracciones en materia de tiempo de trabajo que se le quedó pendiente de la pasada legislatura. El adelanto electoral dejó en barbecho esta cuestión que estaba contemplada en el plan estratégico de las Inspección de Trabajo y ahora Díaz pretende retomarla para reforzar ese carácter "disuasorio" y "proporcional" de las sanciones.

Suscríbete para seguir leyendo