Excluidos de la política. Este domingo 24 de mayo, los residentes chinos y marroquíes no podrán participar en una de las fiestas más abiertas de la democracia española. Son ciudadanos de origen extranjero apartados de los comicios locales por el simple hecho de no tener pasaporte de la Unión Europea. La lista es larga: además de chinos y marroquíes podríamos añadir a brasileños, argelinos, rusos, mexicanos, pakistaníes o nigerianos que viven y trabajan en España desde hace años. Tienen permiso de residencia, están empadronados aquí, sus hijos nacieron aquí, pagan sus impuestos aquí, pero no se les reconoce su derecho a elegir ni a ser elegidos representantes municipales. Sobreviven sin votar, condenados a una invisibilidad política casi total.
Para intentar universalizar el derecho al voto en los comicios locales y paliar este déficit democrático, España ha suscrito acuerdos bilaterales con 12 países extracomunitarios: Cabo Verde, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Corea del Sur, Islandia, Noruega y Nueva Zelanda. Los acuerdos descansan sobre el principio de reciprocidad: si los españoles no pueden depositar su voto en las urnas de Hong Kong, São Paulo o Nador, tampoco podrán hacerlo ni los chinos ni los brasileños ni los marroquíes en Almassora, Onda o Castell de Cabres.
Pongamos tres ejemplos. Con la ley en la mano, una residente rumana -en su condición de ciudadana de la Unión Europea- podría llegar a ser alcadesa de cualquier pueblo de España; una residente neozelandesa -gracias a un acuerdo bilateral- podría votar en los comicios locales de este domingo; y una residente argelina -ante la falta de un acuerdo de reprocidad entre Argelia y España- no podrá ni votar ni ser elegida alcaldesa de ninguna localidad española. En la práctica, los criterios de reciprocidad apuntados por la Constitución de 1978 están limitando los derechos civiles y políticos de un gran número de ciudadanos extracomunitarios con arraigo y permiso de residencia. Son miles quienes no podrán votar sobre el futuro de unos pueblos y ciudades que también son sus pueblos y sus ciudades. En contra de las recomendaciones del Parlamento Europeo, volverá a ser la nacionalidad lo que determine, de facto, quién podrá y quién no podrá votar en las elecciones municipales.
Resulta inaceptable que las dificultades diplomáticas acaben afectando negativamente a la participación política de algunos colectivos asentados en España desde hace más de una década. El nuevo parlamento salido de las elecciones generales del 2015 deberá seguir trabajando para garantizar el principio de igualdad y el derecho al sufragio universal, libre e igual para todos los residentes en estas tierras. Si votar cada cuatro años, por sí solo, no es sinónimo de auténtica democracia, impedir el sufragio lo es aún menos. De momento, la noche del 24 al 25 de mayo, muchos de nuestros vecinos de origen extranjero se irán a la cama sin votar. En esta fiesta de la democracia ya sabemos quién no probará la tarta. H
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