Muchos ciudadanos no comprenden que, mientras España sufre una crisis histórica y el Gobierno escruta con lupa cada euro gastado, permanezca intacto el Senado, una institución sin apenas funciones y tan desprestigiada que, a juicio de muchos, solo sirve para aparcar a políticos en decadencia.

El hartazgo es tal que, al comenzar esta legislatura, los partidos alcanzaron el consenso que no fueron capaces de lograr en decenas de años de debates estériles: cómo dotar a la institución de una utilidad más clara y que, al mismo tiempo, se convierta en una verdadera Cámara territorial. Un proceso de reinvención que se iniciará este mes.

Los grupos parlamentarios han elegido ya a los nueve senadores que formarán la ponencia que trabajará en la reforma de las funciones de la institución. La intención es celebrar reuniones semanales para avanzar en una propuesta que deberá estar lista antes de junio del 2013. De entrada, los partidos han pactado que el Senado sea el órgano que tramite, antes que el Congreso, las iniciativas legislativas de contenido autonómico, así como las relativas a las entidades locales. También hay consenso en dotar a la institución de "una mayor intervención" en las proposiciones de ley originadas en su seno, también de corte autonómico y local, y en las planteadas por las autonomías.

El debate, no obstante, es tan antiguo que incluso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió a principios de año que la reforma del Senado es "como el día de la marmota", aunque siempre que tiene ocasión, anima a sus señorías a que pongan el cascabel al gato. Ella fue la encargada de anunciar que la Cámara alta volvía a tener capacidad de veto sobre el techo de gasto, y que Mariano Rajoy mantendría la costumbre de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, de someterse una vez al mes al control de los senadores.

OTRAS MODIFICACIONES La reforma requiere que se modifique la Constitución, lo que no es óbice para que senadores de distinto signo coincidan en la percepción de que esta vez sí hay voluntad de sacarla adelante. No obstante, la oposición aprovechará que se abre este melón para plantear la modificación del sistema de elección de los senadores escogidos por sufragio (aparte están los designados por los parlamentos autonómicos).

"El Senado se hizo con la mirada puesta en las provincias por la incertidumbre del Estado autonómico. Pero una vez que este tiene un desarrollo tan importante, lo lógico es que esa realidad se traslade al Senado. Habrá que buscar una fórmula intermedia para que haya acuerdo con el PP", explica el senador socialista y expresidente de Baleares Francesc Antich.

Y es que la elección provincial favorece a los conservadores, que han tenido mayoría en el Senado, incluso, durante las dos legislaturas de Zapatero.