España incumple las leyes de protección de los niños inmigrantes

El Estado español y las comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, incumplen su obligación legal de proteger a los niños que llegan al país y priorizan su condición de inmigrantes sobre la de menores de edad. Justo al contrario de lo que debería ser. "No existe voluntad política ni tampoco personal especializado en infancia para identificar a los menores que se encuentran en peligro y darles la protección necesaria". Este contundente rapapolvo se refleja en el informe anual de Save the Children que se ha difundido este jueves. Hay más para redondear este desolador panorama: "No hay recursos suficientes y adecuados para atender" a este grupo social.

El trabajo 'Infancias invisibles' trata de iluminar la situación en la que se encuentran tres colectivos de menores especialmente vulnerables: víctimas de trata, refugiados y niños extranjeros no acompañados en España.

Los últimos datos de los que se tiene constancia son del 2014 debido a las obvias dificultades que existen para cuantificar a un colectivo invisible. Ese año entraron en España 3.660 menores, que habían llegado solos, y fueron tutelados por el Estado. La mayoría de ellos procedían de Marruecos y Argelia. En Catalunya, en los últimos cinco años se han abierto 1.816 expedientes de desamparo a menores extranjeros no acompañados. El año pasado, llegaron 377.

ABANDONADOS A SU SUERTE

El problema es especialmente sangrante para este colectivo porque, según denuncia Save the Children, "no todos los niños que llegan solos son tutelados, en muchas ocasiones el sistema los excluye y los abandona sin ningún soporte". El informe va más allá a la hora de denunciar irregularidades de la Administración. Estos menores se encuentran con trabas para recibir protección y educación, para ser tutelados e incluso, para denunciar las violaciones de los derechos que padecen.

Las comunidades autónomas en muchas ocasiones desprecian la documentación que aportan estos menores para acreditar su edad y su filiación. Se les somete a una radiografía de las muñecas o de la dentadura. Pruebas cuestionadas por Naciones Unidas o el Defensor del Pueblo. El resultado de estas pruebas provoca que muchos chavales "se queden en un limbo sin derecho a la educación o a la sanidad y obligados a vivir en la calle, a menudo, de la mendicidad o la prostitución". Y todo porque son menores según su documentación y mayores para la Administración española por las pruebas que les realizan.