La jueza del 8-M rechazó los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la investigación sobre la manifestación del Día de la Mujer, al afirmar que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma por la epidemia y negar que instruya una «causa general». En un auto, al que tuvo acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid desestima los recursos de reforma contra tres providencias de 21 de abril, 21 de mayo y 25 de mayo. Ahora las partes pueden recurrir a la Audiencia Provincial.
En líneas generales, la magistrada aprovecha para hacer una férrea defensa procesal de su investigación, duramente criticada por la Abogacía del Estado y en menor medida por la Fiscalía, además de negar una causa general porque «el objeto de este procedimiento penal se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo» por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
«Tanto de toma de conocimiento de concentraciones/manifestaciones como de no prohibición de aquellas sobre las que previamente ya había tomado conocimiento, en su condición de autoridad administrativa, con unas competencias determinadas legalmente sobre las concentraciones y manifestaciones que habían sido comunicadas a esa Delegación por celebrarse en la Comunidad Autónoma de Madrid, todo ello en relación con la crisis sanitaria», añade.
En cuanto a Franco, descarta la indefensión porque ha tenido acceso a toda la documentación; aclara que no necesita motivar su citación como investigado y recuerda que sí que ha concretado los hechos que se le imputan desde el mismo auto que dio inicio al procedimiento, por lo que no suspende la declaración de mañana.
La jueza cierra filas también con el informe forense, del que reniega la Abogacía, que concluye que se debería haber impedido la manifestación del 8-M y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la «gravedad» de la situación de la epidemia pero la minimizaron.
En cuanto al grado de conocimiento desde la perspectiva médica, destaca su «utilidad» pues «permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa (entre el 5 y el 14 de marzo) de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio y también determinar desde cuándo se tiene ese conocimiento (que es clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia)».
El escrito hace hincapié en las «reticencias» del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) a la hora de entregar la documentación reclamada reiteradamente por los investigadores, para justificar que dispusiera de plazo de entrega, cuando estos estaban suspendidos por la pandemia.
