E l juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con la agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito, en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham. El magistrado considera que el líder de Podemos usó de forma fraudulenta el procedimiento abierto en relación con el excomisario José Manuel Villarejo para intentar aprovecharse electoralmente.
La exposición razonada remitida por el juez, dada la condición de aforado de Iglesias, incluye a la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, entonces directora de los servicios jurídicos de Podemos, y a los letrados de la formación Marta Flor y Raúl Carballedo. También a la propia Bouselham y su marido, Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio por su declaración de marzo.
El juez sitúa el origen del caso en noviembre del 2017, cuando en los registros en la vivienda de Villarejo se encontraron un disco duro y un pen drive con dos carpetas llamadas «Dina» y se vincularon con el robo del móvil sufrido dos años antes por Bousselham. Tras practicar las pruebas que ha entendido pertinentes, el magistrado considera acreditado que el contenido de la tarjeta llegó a Villarejo a través de los responsables de la revista Interviú , que también entregaron una copia al que era presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, que se la dio a Iglesias el 20 de enero del 2016.
Según García-Castellón, Iglesias comprobó que la tarjeta almacenaba archivos personales e íntimos. «Pese a ello, se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran cercanos» y sabía del robo. El juez cree que ello puede deberse a que Iglesias sabía que incluía conversaciones de grupos de mensajería en los que él aparecía. Cuando se la devolvió a Dina, antes del 23 de agosto del 2017, «estaba inservible para su funcionamiento».
En julio del 2016, OK Diario había publicado noticias con imágenes del móvil, que Bousselham había enviado a terceros. Según el juez, Iglesias sabía de su origen, pero para desprestigiar a ese medio, de común acuerdo con Elizo y los letrados de Podemos, «insta a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de disimular falsariamente» que fueron «el resultado de un encargo realizado a Villarejo para perjudicar a Iglesias».
El juez se basa en el auto de la Sala de lo Penal que devolvió la condición de perjudicado a Iglesias para enviar las actuaciones relativas a él al Supremo y concluir la instrucción por delito de revelación de secretos contra los exresponsables de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, y Villarejo. H
