Sánchez usa una argucia para renovar el CGPJ sin el PP

E l Gobierno apretó ayer el botón para lanzar la reforma legal que facilitará la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el concurso del PP. Y la quiere rápido, arriesgándose a abrir una puerta peligrosa, la de la ruptura de los consensos y la rebaja de las mayorías necesarias para el relevo en las instituciones del Estado. Tanto ha pisado el acelerador Pedro Sánchez que ha preferido tramitar la modificación de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) como proposición de ley en el Congreso. Eso es, a través de los grupos que lo sustentan, PSOE y Unidas Podemos.

Con ello gana tiempo, ya que calcula que en dos meses puede estar listo el cambio en la norma, y sobre todo se ahorra el trámite de la petición de informes a los órganos consultivos. Porque cuando es el Gobierno el que toma la iniciativa y lleva un proyecto de ley a la Cámara baja, este debe contar con los dictámenes preceptivos, aunque no vinculantes.

El Ejecutivo de coalición se evita así el previsible rapapolvo del actual CGPJ, el directamente concernido por esta reforma exprés que ha levantado en armas a la oposición conservadora –acusa a Sánchez de una maniobra «dictatorial»– y que anticipa el escenario de la siguiente batalla: el Tribunal Constitucional.

El Gobierno ya llevaba tiempo trabajando en cómo sortear el «bloqueo» del PP a la renovación del CGPJ. Podemos insistía en cambiar la ley, pero el PSOE no lo veía muy claro. Pero lo que empujó al presidente a actuar fue el fracaso de la segunda intentona, en verano, cuando las negociaciones estaban muy avanzadas. Desde entonces, el apremio para relevar el Poder Judicial, presidido por Carlos Lesmes desde diciembre del ejercicio 2013 y con el mandato vencido hace casi dos años, ha sido continuo.

Sin éxito. El Ejecutivo ha constatado que la posición de Pablo Casado, que prometió no acceder a la renovación hasta que Unidas Podemos saliera del poder, no era una pose. «No iban a renovar. Han decidido una actitud inconstitucional y punto», responden en la Moncloa cuando se pregunta por el detonante, por la razón última para lanzar la reforma de la LOPJ, que se decidió «este fin de semana», indican en el Ejecutivo. Lo inesperado fue que se tomase el camino exprés, el de la proposición de los grupos.

Dos: rebaja de las mayorías para la elección por Congreso y Senado de los 12 vocales del turno judicial. Se pasaría de la mayoría de tres quintos a la mayoría absoluta en segunda votación. Para los ocho vocales juristas no hay cambios, ya que la Constitución impone que han de ser designados por las Cortes por tres quintos. Una reforma de la Carta Magna es impensable ahora mismo.

Los portavoces de PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, defendieron la proposición registrada, insistiendo en que se sigue obligando a «buscar acuerdos» pero que se incorpora una cláusula que permite desatascar las instituciones, en palabras de la socialista. Para su homólogo morado, la reforma persigue «proteger al Poder Judicial» de las «tácticas partidistas» del PP, forzando la renovación de un órgano cuya composición «es fruto de una mayoría que ya no existe», la absoluta que ganó Mariano Rajoy en el 2011.

De hecho, su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apuntó Lastra, impulsó una revisión de la ley en el 2013, en solitario, para que las Cámaras pudieran proceder al relevo de los 10 vocales que le toca elegir a cada una de manera independiente. Lo que hace el texto presentado es separar el procedimiento de designación de los vocales jueces de los juristas, al rebajar las mayorías para los primeros.

El Ejecutivo abre otro importante frente a las puertas de la presentación de los Presupuestos. Y no uno menor. Porque se evita la probable reprimenda del CGPJ o del Consejo Fiscal, pero no la crítica de las asociaciones judiciales mayoritarias, muy contrarias a este cambio. Además, la derecha –incluido Cs– cargó con dureza contra la reforma y el PP anunció recurso ante el TC y ante los tribunales europeos. En el Gobierno, hay ministros que temen esa victoria en diferido de los populares, ya que una sentencia de 1986 validó la LOPJ precisamente porque incluía esa cautela de los tres quintos.

PSOE y Unidas Podemos cuentan con el apoyo de la mayoría de la investidura más JxCat para sacar adelante la modificación de la ley. 187 votos, 11 más que la absoluta requerida. En la Moncloa aseguran que la situación es insostenible. Y, como dice un miembro del Gabinete, «Pedro no ha tolerado que Casado le echara un pulso así». H