Los presupuestos que aprobará el miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid incluirán la subida del 2% del sueldo de los funcionarios que el Gobierno de Pedro Sánchez ha previsto en sus Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso contrastará esta medida con la congelación del sueldo de todos los consejeros de su gabinete y el de los altos cargos de la región, así como el suyo mismo, tal y como ha confirmado El Periódico de España.

Esta medida sigue la tendencia marcada en los dos años de gestión de Ayuso, que desde que dirige la Comunidad ha optado por mantener, en las dos últimas prórrogas de los presupuestos vigentes, la congelación de los sueldos de los altos cargos prevista en el artículo 25 de las cuentas aprobadas en 2018. De esta manera, la presidenta busca diferenciarse del Gobierno de coalición.

Negociación parlamentaria

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid incluirán también otros guiños a las exigencias de Vox, pero Ayuso no está dispuesta a ceder en todo y fía la negociación a una tramitación parlamentaria en la que, de momento, no tiene el favor del grupo que lidera Rocío Monasterio.

En el aspecto económico no parece haber problema, las cuentas que presenta Javier Lasquetty tendrán un marcado carácter liberal, con bajada de impuestos y supresión de trabas burocráticas, tal y como el PP había anunciado. Pero la clave estará precisamente en aspectos que trascienden lo económico para adentrarse en cuestiones más ideológicas.

La presidenta se ampara en la mayoría simple que le conceden sus 65 diputados en la Asamblea de Madrid para resistirse a determinadas imposiciones de Vox. El PP solo necesita su abstención, "solo de cuatro" de ellos, matiza el portavoz popular parlamentario Alfonso Serrano, y eso se traduce en que tienen que negociar, pero la necesidad no es tan apremiante como para convencerlos del sí.

Reto a Vox

Ayuso quiere sus presupuestos, no quiere arriesgarse a otra prórroga, y las peticiones y exigencias de Vox entran dentro de lo "previsible", pero son varios los que en el entorno cercano de la presidenta repiten desde hace días que, si aun con algunas concesiones Monasterio sigue negándose a aceptar los presupuestos, retan a Vox y a sus 13 diputados a votar con la izquierda, que previsiblemente votará en contra. En otras palabras, que se atrevan a explicar a sus votantes y simpatizantes que no han permitido que salgan adelante unas cuentas que, según defiende el PP, permitirán contrarrestar determinadas políticas de Pedro Sánchez en la Comunidad.

El objetivo inicial de la presidenta en este reinicio de la legislatura, ya sin Ciudadanos vigilando sus pasos, era aprobar un proyecto previamente acordado con su socio de investidura, de forma que la tramitación parlamentaria fuera un camino fácil o, al menos, sin sorpresas. Pero en Vox los presupuestos son siempre moneda de cambio de algo más que cuestiones puramente económicas y algo más que lo estrictamente autonómico. Esquema que, por otro lado, estos días se reproduce también en las negociaciones parlamentarias de los Presupuestos Generales del Estado aprobados por la coalición de Gobierno.

Durante las últimas semanas en Vox han estado mirando con el rabillo del ojo qué pasa en Andalucía, donde Juanma Moreno está tentado de sacar sus presupuestos con un socio hasta hace poco inesperado, como el partido socialista de Juan Espadas. En Madrid, sin embargo, el nuevo secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, que se estrena ya como portavoz en la Asamblea en sustitución de Hana Jalloul, ha alejado esa ecuación al recordar que las propuestas de su formación están "muy lejos" de las que el PP ha aplicado durante los últimos 20 años en la Comunidad. Por tanto, el riesgo de que Vox se vea desplazado por un nuevo aliado parlamentario de la izquierda es poco imaginable en la región en estos momentos.

Leyes de igualdad

La política nacional también es una variable presente en las negociaciones que quiere llevar a cabo Vox. En esta formación tienen grabado a fuego que el presidente del PP, Pablo Casado, azuzó hace solo un mes a sus militantes en la plaza de toros de Valencia anunciando que derogaría las leyes más ideológicas del Gobierno de coalición, y a eso se agarran como argumento para pedir a Ayuso que empiece a aplicar en Madrid lo que dice su jefe de filas. Así, este mismo lunes, a apenas un par de días de que la Comunidad presente sus presupuestos y en línea con su petición de máximos, Vox registró una Proposición de Ley Integral de Igualdad y No Discriminación de la Comunidad que propone la derogación de las dos leyes en vigor que regulan la identidad y expresión de género y la protección integral contra la LTBGIfobia. El argumento utilizado por el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Iñigo Henríquez de Luna, para que el PP transija con la misma remite al PP nacional: "Casado ha dicho que quiere tumbar las leyes de izquierdas. En Vox de lo ponemos fácil, que apruebe nuestra Ley de Igualdad".

En el entorno de Ayuso hace tiempo que tienen interiorizado que se pueden modificar algunos aspectos de ambas leyes, en concreto, los artículos relativos a la inversión de la carga de la prueba y, aunque aún no está cerrado, algún otro relacionado con el primer ciclo de la educación infantil. Pero la derogación no entra en sus planes y así lo ha repetido la presidenta en sede parlamentaria.

En cuanto a la educación, el otro frente de batalla de Vox en esta pelea por los presupuestos, las negociaciones siguen en marcha y por vías diversas pero entrelazadas. Por un lado, están las 44 enmiendas que Vox ha presentado a la Ley Maestra de Libertad Educativa que se encuentra ya en trámite parlamentario y que el PP aprobó con el objetivo de salvaguardar aquellos aspectos en los que tiene competencia frente a la llamada Ley Celaá. Vox no se saldrá con la suya en todas, pero sí conseguirá que varias de ellas se incluyan en el proyecto final y que otras se acepten con algunos matices. Por otro lado, se encuentran las propuestas para que la educación sea totalmente gratuita en infantil, bachillerato y FP sin importar la titularidad de los centros, algo que en el Gobierno autonómico no ven económicamente viable.