Anticorrupción archiva las denuncias contra la adjudicación del contrato de soterramiento de la A5 del Gobierno de Almeida

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha archivado este lunes los dos escritos de denuncia contra las adjudicaciones del proyecto de soterramiento de la autopista A-5 a la empresa Subterra Ingeniería S.L, que Podemos y Marta Higueras, edil del grupo mixto en esta última legislatura, habían puesto bajo sospecha con sendas denuncias por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita.

La Fiscalía abrió diligencias el pasado mes de febrero y solicitó los expedientes de dicho contrato de adjudicación a la empresa en la que trabaja el hermano de Borja Carabante, Delegado de Movilidad y portavoz de campaña del alcalde José Luis Martínez Almeida. 

Pero cuatro meses después el ministerio público, según ha dado a conocer este lunes el propio Ayuntamiento, ha concluido que las denuncias presentadas “carecen de elementos indiciarios que justifiquen una investigación penal más allá de la comprobación de los expedientes de contratación, considerando además que ello supondría una revisión de la legalidad administrativa sobre esa contratación pública”, razón por la que ha acordado el archivo de la causa.

Sin "elementos mínimos indiciarios"

Respecto al delito de prevaricación administrativo, la Fiscalía señala que no constan “elementos mínimos indiciarios” en el expediente de contratación que “permitan valorar que el contrato de adjudicación de servicios” haya sido “una resolución arbitraria”.

Sobre el supuesto de tráfico de influencias, apunta que “no resulta acreditado” ni “mínimamente indiciario”, atendiendo la a jurisprudencia del Tribunal Supremo que, según resumen Efe, entiende que una “sugerencia” no basta como una influencia eficiente sobre la acción o la decisión de otra persona derivada de la posición del sujeto activo. Sobre el delito de cohecho, el Ministerio fiscal entiende que la “mera relación de parentesco” entre el delegado de Movilidad y su hermano no acredita per se la existencia de una solicitud o recepción de un favor o retribución, que tampoco se prueba, como tampoco concluye que la pluralidad de personas denunciadas se haya concertado para un fin delictivo, como exige el delito de asociación ilícita, que también se descarta.

Antecedentes

Tal y como informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, Higueras presentó su escrito el pasado 30 enero, un día después de que eldiario.es publicara los hechos denunciados. Según el documento registrado aquel día, el 20 de agosto de 2020 en la mesa de contratación del Área de Medio Ambiente y Movilidad se adjudicó un contrato para la "redacción del proyecto de ejecución del Paseo verde del suroeste (soterramiento de la A-5 - Paseo de Extremadura)" por un valor estimado de 3.077.246,29 euros, un contrato que se modificó debido al relanzamiento de la Operación Campamento. La empresa adjudicataria fue la UTE Esteyco-Subterra Energía, en la que trabaja uno de los hermanos de Carabante. La denuncia continuaba diciendo que solo un día después de la adjudicación esta fue anulada, y que casi una semana después, el alcalde, mediante decreto, aceptó la abstención de Carabante en esta adjudicación y aceptó que fuera sustituido por Inmaculada Sanz, quien poco después aceptó las mismas condiciones de la adjudicación y esta se formalizó.

Por esta razón, Higueras presentó la denuncia contra Almeida y sus dos delegados de área, Carabante y Sanz, contra la empresa adjudicataria Subterra Energía, adjudicataria del contrato; Rafael Carabante, el hermano del concejal de Movilidad y Medio Ambiente; y María Dolores Ortiz Sánchez, directora general de Movilidad del Consistorio madrileño.