Un mes de huelga indefinida de funcionarios de Justicia: millones de actuaciones suspendidas y sin visos de acuerdo con el Gobierno

Pese a que el actual Gobierno apenas dispone de margen de maniobra -solo quedan unas semanas para las próximas elecciones generales- los funcionarios de Justicia mantienen desde el pasado 17 de mayo una huelga indefinida -que estuvo precedida de paros parciales desde finales de marzo-en demanda de una subida salarial de hasta 430 euros mensuales. Por el camino, millones de actuaciones judiciales a expensas de poder realizarse y miles de juicios suspendidos, lo que acrecienta la saturación endémica de los órganos judiciales.

En esencia, los tramitadores y funcionarios de auxilio judicial -un colectivo que reúne a 45.000 efectivos en todo el país-, reclaman el mismo trato que el departamento de la ministra Pilar Llop ha dispensado en los últimos meses tanto a los letrados de la administración de justicia (LAJ) -un cuerpo superior antes conocido como secretarios judiciales- como a los jueces y fiscales, con los que ha llegado a acuerdos para incrementar su salario.

El conflicto se ha recrudecido en los últimos días, incluyendo hasta tres reuniones entre ambas partes que han terminado en nada -según los funcionarios porque no se les hizo ninguna oferta- un encierro de cuatro días de los miembros del comité de huelga con denuncia incluida de que se les denegó el acceso a comida, una denuncia contra la ministra ante el Tribunal Supremo y concentraciones diarias, tanto ante el Ministerio como ante la sede nacional del PSOE en Madrid.

"Nos obligan a ir al monte"

Javier Jordán, miembro del comité de huelga por parte de CSIF, que es el sindicato mayoritario en el sector, resume la situación actual a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA: "La situación está dañando mucho el servicio de Justicia, lo dicen los propios colegios de abogados, y lo sentimos mucho, pero yo lo explico como estar en un poblado que han arrasado, y nos obligan a ir al monte".

El pasado martes, los sindicatos convocantes -CSIF, CCOO, UGT y STAJ- realizaron una consulta entre sus afiliados, que llevaban ya semanas arrastrando una huelga que mermará sus salarios de este mes, y la respuesta mayoritaria fue la de seguir con las protestas. 

En cuanto al seguimiento, y como ocurre en el caso de todos los conflictos laborales, los datos discrepan entre convocantes y patronal': los sindicatos aseguran que el apoyo es casi total mientras el Ministerio de Justicia hablaba el viernes de un porcentaje de apenas el 23,77 por ciento. 

El truco puede encontrarse en el hecho de que la Administración central solo se refiere con ese dato al denominado territorio Ministerio -por las Comunidades Autónomas de Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y los destinados en el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional-, mientras se desconocen datos oficiales del resto, que depende de las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia.

Los sindicatos convocantes sometieron la decisión de seguir adelante a las asambleas de trabajadores al inicio de esta semana, y la respuesta fue positiva.

Desde el último encentro, las dos partes se enrocan en sus respectivas posiciones. El comité de huelga insistió en reclamar una subida salarial de hasta 430 euros mensuales, mientras que el Ministerio incidió en ofrecer solamente su compromiso a seguir negociando tras las elecciones generales del 23 de julio.

"Seguimos a la expectativa", señala Jordán, que considera que pese al adelanto electoral no existe impedimento legal alguno para que el Gobierno les ofrezca un incremento, al menos hasta que encuentre oficialmente en funciones a partir del próximo mes de julio y hasta que se constituya el próximo Ejecutivo. 

"Y capacidad tiene", concluye, aludiendo al compromiso que el pasado 16 de mayo terminó con la amenaza de paros en otro sector de la Administración, el de los trabajadores en la Agencia Estatal de la Seguridad Social, después de que el ministro José Luis Escrivá se comprometiera a incrementar la plantilla y a adoptar medidas de incentivación del rendimiento de estos funcionarios.