La prohibición de banderas arcoíris en edificios públicos de la localidad valenciana de Nàquera llega a la UE

La polémica surgida el martes tras hacer público el acuerdo de gobierno entre Vox y PP de Nàquera (Valencia) llegó ayer a la Unión Europea. De los 20 puntos acordados entre ambas formaciones para gobernar sobre el municipio hasta 2027, destacaban dos principios: el de no colocar banderas del colectivo LGTBIQ+ en los balcones y fachadas de los edificios municipales y el de sustituir las concentraciones de «No a la violencia machista» por «No a la violencia». Ambos acuerdos fueron rechazados ayer por el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, preguntado por los medios de comunicación por esta situación que publicó Levante-EMV, de Prensa Ibérica. En la Comisión Europea están al corriente de este pacto y recordó que las demostraciones pacíficas son «un derecho fundamental en todos los países democráticos».

El portavoz recordó que por encima de todo «la Comisión Europea tiene estándares claros sobre la igualdad LGTBIQ+, algo que recoge la estrategia europea , que también protege a niñas y mujeres de la violencia», añadió, y reiteró que «hemos sido claros» en que «las demostraciones pacíficas son un derecho fundamental en todos los países democráticos», en referencia a la colocación de banderas arcoíris en los balcones de los edificios públicos. 

Wigand afirmó no tener constancia sobre si la Comisión Europea había conectado con las autoridades españoles para obtener aclaraciones sobre este asunto, ya que al tratarse de un caso municipal, la UE debe primero dirigirse al Estado. La portavoz Dana Spinant aseguró que iban a «verificar» este caso.

El acuerdo político entre Vox y PP y las reacciones sociales que se produjeron a lo largo de todo el día de ayer llevaron al ayuntamiento, ya capitaneado por el alcalde de Vox, Iván Expósito, y el teniente alcalde del PP, Vicente Estellés, a emitir un comunicado donde se ratifica la prohibición de lucir banderas LGTBIQ+ en los edificios municipales, pero se da libertad para usarlas en los espacios públicos del término municipal. 

«Desde el equipo de gobierno no se está prohibiendo el uso de las señas de identidad del colectivo LGTBIQ+ en los distintos espacios públicos del término municipal, reiterándonos en la necesidad de seguir el protocolo de banderas en los edificios municipales, tal y como se cumple en otras instituciones», dice textualmente el comunicado. 

Hay que subrayar que la Ley de Banderas a la que el equipo de gobierno hace referencia sobre su cumplimiento no prohíbe mostrar otras banderas junto a la de España y la de la Comunidad Valenciana, siempre que la estatal tenga preeminencia sobre las otras. Según el artículo octavo, lo que no se puede utilizar es ningún símbolo sobre la bandera de España. Además, las banderas arcoíris no se colocan en mástiles como sí se hace con las oficiales, y ocupan siempre un lugar anecdótico en balcones o ventanas de los ayuntamientos. 

De esa forma lució en 2020 por el día contra la homofobia, impulsado por dos concejalas del PSPV y apoyado por el entonces edil de UPdN, Alejandro Ricart, que en este mandato ha confluido con el PP y es su número dos, gestionando además la concejalía de Juventud y Fiestas. Así quedó registrado en una fotografía que ayer se compartía en redes sociales ante el activismo que Ricart siempre ha demostrado con el colectivo LGTBIQ+ y que ahora se sitúa junto a las premisas del partido ultraderechista. 

Frente común de los partidos en la oposición para colgar banderas

Tras conocer los detalles del pacto de gobierno y a raíz de la noticia publicada por Levante-EMV, los partidos en la oposición no tardaron en movilizarse. El PSPV hizo un llamamiento a la ciudadanía para colgar banderas en sus balcones y ventanas, una petición a la que se unieron ayer UPdN, que ha gobernado en el municipio ocho años, y Compromís. El exalcalde, Damián Ibáñez, publicó ayer un mensaje en redes sociales donde animaba a colocar esta bandera contra «la dictadura y el caciquismo» del nuevo gobierno de Vox y PP. Unas críticas que se suman a las cosechadas el sábado, cuando Ibáñez denunció que el nuevo alcalde, Iván Expósito, no había permitido el turno de palabra del resto de partidos del pleno tras el acto de investidura.