El PSOE estira ahora los plazos de la investidura ante el parón de Puigdemont: "¿Qué son cinco días más para formar gobierno?"

A falta de 19 días para que se disuelvan las Cortes si antes no se forma gobierno, Ferraz ya no descarta el escenario de una investidura al límite de plazo. Tras alimentar la posibilidad de investir a Pedro Sánchez esta misma semana, ahora tanto los negociadores socialistas como en dirección del PSOE desdeñan este calendario. El pacto con Junts se preveía firmar el pasado jueves en Bruselas y desde entonces se sigue posponiendo la fumata blanca. “¿Qué son cinco días más para formar Gobierno?”, respondía ayer uno de los negociadores del PSOE con los independentistas. “Lo importante es llegar a un acuerdo”, concluía en un contexto en el que Carles Puigdemont se resiste a encajar la pieza de Junts para desbloquear la investidura. Falta también por rubricar el acuerdo con PNV, que se presupone más sencillo tras haber formado parte del bloque de la moción de censura y después del bloque de investidura en la pasada legislatura.

Las miradas se dirigen a la próxima semana, aunque con la precaución de poner solo la fecha límite del 27 de noviembre. Un cambio de previsiones que añade incertidumbre en las filas socialistas. En privado, dirigentes que no forman parte de la comisión negociadora dejan entrever preocupación ante el aplazamiento de acuerdo con Junts y la imprevisibilidad del expresident. También condicionados por una creciente presión ambiental durante los últimos días. Por un lado, se duda del efecto que pueda tener la imputación de Carles Puigdemont en las negociaciones.

El juez Manuel García-Castellón ha relacionado al expresident, junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, con presuntos delitos de terrorismo en la investigación que mantiene abierta desde 2019 a Tsunami Democràtic. La aplicación de la amnistía se complicaría en sus casos. Por otro lado, las concentraciones contra la amnistía se suceden a las puertas de las sedes del PSOE. Si no hay acuerdo de investidura, el balance de costes sería elevado y unas nuevas elecciones difíciles de encarar.

Ferraz recomienda a todas sus federaciones el cierre de las sedes ante el cariz “violento” de las protestas

Desde la dirección se esfuerzan por trasladar tranquilidad a los suyos. Con llamadas a la “paciencia” y la “calma” que combinan con el optimismo de que habrá acuerdo. En público, sin embargo, no todos son capaces de trasladar la misma seguridad que sí tenían hace unos días sobre la posibilidad de formar gobierno. Este martes, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, casi a modo de lapsus, se pasaba al uso del condicional. Al responder sobre la necesidad de renovar el CGPJ, se refería a su deseo de abordar el desbloqueo del órgano "si sigue adelante la investidura y hay nuevo gobierno". El argumentario dejó atrás hace tiempo el escenario de la repetición electoral, máxime tras abrazar abiertamente la amnistía y cerrar un acuerdo en esta línea con ERC, para trasladar seguridad de que se formará gobierno.

Tanto en Ferraz como en Moncloa evitan referirse en público a una interferencia judicial en las negociaciones políticas. Sin embargo, de sus declaraciones en privado desprenden cierta ambigüedad. También la propia Isabel Rodríguez, quien tras insistir en que “no debo emitir opinión política sobre decisiones judiciales”, manifestó que “la causa se lleva instruyendo cuatro años”. Asimismo, destacó que “otros operadores jurídicos tienen criterios distintos” a los de García-Castellón, como es el caso de la Fiscalía, que recurrirá el auto.

Cierre de sedes por las protestas

De lo que no hay duda es de la interferencia de las protestas en el ánimo de los socialistas, que desde la dirección quieren reorientar para impulsar su cohesión interna, y en una presión ambiental de la que no son ajenos otros socios de investidura. En esta línea, desde el PNV, ha emitido un comunicado de condena a lo que califican como “episodios de acoso, insulto y coacción”. Desde la formación jeltzale señalan que “la amenaza y la intimidación no tienen la menor cabida en un concepto tan amplio como es el de la libertad de expresión”. Repugna, según añaden, “que en estos escraches se coreen consignas claramente antidemocráticas en las que se hace apología del franquismo”.

Las protestas han obligado a la dirección a tomar una decisión inédita. A modo de “recomendación”, Ferraz animó a las diferentes federaciones del partido a cerrar sus sedes esta tarde. Una recomendación a nivel nacional que se justificó por motivos de "seguridad". Ante el “cariz violento” de las concentraciones que vienen sucediéndose frente a sus sedes durante los últimos días, explicaban fuentes de Ferraz. “No podemos exponer a los trabajadores y afiliados”, argumentaban para concluir que “esto es lo que no quiere condenar Feijóo, que un partido político tenga que cerrar sus sedes por amenazas y coacciones”.

El número 3 del PSOE, en Bruselas

En medio de este contexto, las negociaciones seguirán desarrollándose este miércoles desde Bruselas. El número tres del PSOE, Santos Cerdán, continúa instalado en la capital belga, según fuentes de su entorno, con el propósito de desenredar el nudo de la ley de amnistía que tiene que ver con su perímetro. Aspectos “técnicos” de la ley relacionados con su alcance y casos que son más subjetivos a la hora de asociarlos con el ‘procés’.

Los socialistas evitan concretar estos aspectos técnicos, más allá de asegurar que no se están poniendo nombres sobre la mesa, pero lo que era el principal nudo en la ley de amnistía se ha complicado todavía más con el auto dictado por el juez García-Castellón. Al implicar al expresident en delitos de terrorismo ha irrumpido en plena negociación entre el PSOE y Junts para cerrar la investidura, alentando en Junts el argumentario del denominado “lawfare”. El uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política o, según denunciaba el propio Puigdemont en sus redes sociales el pasado domingo: “El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial”.

“Seguimos avanzando”, se limitan a explicar fuentes de la negociación con mensajes prácticamente invariables durante los últimos días. Además de pulir flecos de la ley de amnistía, ralentizados por un intercambio de documentos que deben supervisar después cada uno de los equipos jurídicos, este martes si se reconocía que también se está “trabajando en algunos detalles del acuerdo político”. Más carpetas y más complejidad para un acuerdo que no solo ha dejado de ser inminente, sino que se asoma al escenario de estirarse hasta el plazo límite.