Fiscalía y SCC se vuelven a oponer a suspender el procedimiento del 1-O por la futura ley de amnistía

La Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas y la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC) se han opuesto a la última petición de suspensión del procedimiento seguido por el 1-O y la acción exterior de la Generalitat por la promulgación de la futura ley de amnistía. En línea con la posición que ambas acusaciones mantuvieron en la vista que se celebró el pasado 17 de noviembre, el ministerio público considera que la proposición de ley admitida a trámite por la Mesa del Congreso unos días después todavía es un "hecho futuro y relativamente incierto".

Se trata del mismo criterio mantenido por el ministerio público, aunque en ese caso sin éxito, en el primer juicio suspendido por la inminencia de la promulgación del perdón, el relativo al corte de las línea del AVE en Girona en el que cuatro jóvenes se enfrentan a una petición fiscal de cuatro años de prisión por desórdenes públicos.

En un escrito de apenas dos páginas la fiscalía argumenta que la petición de suspensión del procedimiento por responsabilidad contable seguido en el Tribunal de Cuentas, planteada por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los demás demandados de Esquerra, se basa en la admisión a trámite por la Mesa del Congreso de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía, siete días después la vista en la que se celebró la prueba, ttras la que la consejera encargada de juzgar el caso, Elena Hernáez, debe aún pronunciarse sobre la suspensión del procedimiento.

Los demandados de ERC alegan que la admisión a trámite de la Mesa es"un hecho nuevo que no pudo ser tenido en cuenta en el acto del juicio oral" y "debiera serlo a los efectos de resolver la suspensión del procedimiento, teniendo en cuenta que los hechos enjuiciados podrían verse afectados por la ley de amnistía en el momento en que se produzca su entrada en vigor".

La fiscalía, tal y como informó en el propio juicio, argumenta que "la proposición de ley se halla al comienzo de su tramitación y por tanto no puede producir efecto alguno, por cuanto su entrada en vigor es un hecho futuro y relativamente incierto, al no poder conocer actualmente su exacto contenido en el momento en que entre en vigor". Por todo ello, el fiscal considera que "de la misma manera que no se acordó la suspensión del juicio, no procede acordar la suspensión del procedimiento".

Ilegítima injerencia

A la misma conclusión llega Sociedad Civil Catalana, que niega que la admisión a trámite por la Mesa de la proposición de ley sea un hecho nuevo con relevancia suficiente para anular el procedimiento y califica de "ilegítima injerencia" en la actuación del Tribunal de Cuentas la suspensión del procedimiento por responsabilidad contable.

La acusación popular, que pide que los demandados resarzan a la Generalitat con más de cinco millones de euros, califica la ley cuya promulgación se inició el pasado 24 de noviembre de "inconstitucional" y "contraria a uno de los pilares esenciales de la Unión Europea, como es el Estado de derecho". La reclamación de la fiscalía asciende a algo más de 3 millones de euros.