Feijóo asume el desgaste y los ataques de Vox por el mediador europeo con Sánchez para el CGPJ

Las conversaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevaban encalladas meses. La desconfianza era y sigue siendo total en un punto en el que Moncloa culpa a los conservadores de ser los únicos que bloquean, mientras que Génova defiende la necesidad de un nuevo sistema de elección para los vocales. Pero en el PP también admiten que necesitaban una “novedad discursiva” para salir del “bucle” en el que estaba el debate y, de paso, forzar al Gobierno a mover su posición. Y por eso hace unos días tomaron la decisión de proponer que la Comisión Europea se ocupe de monitorizar las conversaciones.

Eso implica de facto la entrada de un tercer actor en la negociación. Los populares se esfuerzan por desvincular la mediación europea de los verificadores pactados entre el Gobierno y los partidos independentistas. Ponen el foco en que las instituciones europeas “tienen delegada la soberanía nacional” y que las personas que podrían estar al frente de esa supervisión, el comisario Didier Reynders o la vicepresidenta Věra Jourová, “no comparten perfil precisamente” con el diplomático salvadoreño al que tanto critica el PP. Pero en el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo asumen que recibirán ataques y críticas, especialmente de su rival por la derecha y socio en distintos gobiernos, Vox.

El partido de Santiago Abascal se apresuró a hacer notar “su preocupación” tras conocerse las conclusiones de la reunión entre Sánchez y Feijóo en el Congreso este viernes. Centraron rápidamente el tiro en la figura de la mediación internacional, por mucho que recaiga en la Comisión Europea. “Estamos perplejos ante la propuesta de que la renovación de la justicia española se haga con la mediación de Europa. No podemos entregar las cuestiones nacionales a los organismos supranacionales”, insistían fuentes de la extrema derecha.

Sánchez y Feijóo acuerdan que la Comisión Europea medie en la renovación del CGPJ tras pedirlo el PP

En el entorno del líder popular asumieron rápidamente esa crítica insistiendo en que “la obligación de Feijóo es la que es” y pasa por tratar salir del bloqueo. Eso sí, no son ajenos a que se producirán más ataques y movimientos por parte de Vox, que acumula molestias con el líder conservador en las últimas semanas. Las palabras de la ministra portavoz, Pilar Alegría, hablando de la Comisión como el agente que “mediará y verificará” también fue advertido dentro de Génova. Distintos cargos consultados por este diario coinciden en que el Ejecutivo “utilizará un lenguaje muy complicado para el PP”.

El mayor riesgo de la propuesta de Feijóo era precisamente este: que el marco de los mediadores, que tanto critican en el PP y del que están haciendo bandera de oposición, pueda saltar por los aires al contar ahora ellos con uno. En la dirección popular son muy críticos con esa posibilidad, reprochando que se puedan hacer comparaciones entre verificadores extranjeros y la supervisión de la Comisión Europea que lleva meses pronunciándose al respecto.

Para Vox este acercamiento entre PP y PSOE es “el peor blanqueamiento posible” para Sánchez en mitad de sus acuerdos con los independentistas y a punto de consumarse la moción de censura en Pamplona por la que los socialistas entregarán el bastón de mando a EH Bildu.

La decisión de Feijóo

Antes de la reunión fuentes de Génova aseguraban que llevarían una propuesta a la que el Gobierno “no podría decir que no”. La idea llegó después de un tiempo en el que el PP tenía dificultades para marcar el paso y salir del “bucle” del Consejo. Los populares han ido cambiando de posición. Si en verano de 2022 estuvieron cerca de llegar a un acuerdo, la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición hizo saltar todo por los aires. A partir de ese momento se produjo un endurecimiento enorme en la posición, hasta el punto de que Feijóo vinculaba la renovación a que antes se aprobara una reforma de la ley para cambiar el sistema de elección de los vocales. Que por delante hubiera un ciclo electoral clave para el PP tuvo mucho que ver.

En su investidura, que resultó fallida, siguió defendiendo la nueva ley, aunque se abrió de nuevo a renovar con el actual sistema el CGPJ, siempre y cuando la reforma legal llegara de manera simultánea. Volvía, de alguna manera, a la posición anterior. Y esta es la que defiende ahora bajo supervisión, la gran novedad, de la Comisión Europea.

Lo que dicen en el PP es que no se puede “seguir mareando la perdiz” y que las cosas deben hacerse en paralelo. Esto es: acordarían la renovación de los vocales si realmente el Ejecutivo asume que tiene que cambiarse el sistema de elección. Y es que en Génova están convencidos de que su postura es la que tiene también Bruselas y, por eso, aun asumiendo que pueda haber un cierto desgaste, tomaron la determinación de proponerlo. Hace un par de días desde el PP contactaron “de forma discreta” con la Comisión para sondear si verían con buenos ojos estar en las conversaciones. La respuesta fue afirmativa y, a partir de ahí, Feijóo decidió llevarla a cabo. Habrá reuniones a tres bandas y todas se harán en España. No es casual que los populares apuesten por implicar a las instituciones comunitarias en un momento en el que toda su estrategia contra la ley de amnistía, por ejemplo, está volcada en Europa.

Si hay acuerdo, dicen fuentes populares, “se hará rápido”. Y aunque el mantra sigue siendo que debe hacerse de forma paralela, en el PP reconocen que con garantías reales “todo puede verse”. Esto es dejar la puerta abierta a que lo primero sea la renovación y se vaya avanzando en la nueva ley. Feijóo tiene la propuesta muy trabajada y según explican en Génova, permitiría “que nunca más hubiera bloqueo” porque, entre otras cosas, las futuras renovaciones estarían garantizadas de manera automática. 

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Tensión Bolaños-Pons

Los interlocutores seguirán siendo los mismos a pesar del malestar en el PP. De hecho, en el núcleo duro de Feijóo deslizan su voluntad de que el Gobierno hubiera designado a otra persona. En Génova creen que el actual ministro de Justicia ha perdido legitimidad en esta negociación después de que el comisario Reynders “desmintiera” sus palabras cuando afirmó que la Comisión había mostrado “cero preocupación” por la situación del Estado de derecho en España. Más todavía, el PP acusa a Bolaños de haberles “mentido” de manera “reiterada y continua”.

En Moncloa dejaron claro que no cambiarán su interlocutor y además cargaron duramente contra el PP por sus palabras. En Génova respondían de forma tajante: “Si sigue en su empeño de manipular a la opinión pública nos veremos habilitados para mostrar el contenido de los mensajes remitidos por el ministro y que acreditan sus falsedades”, llegan a decir, anticipando que la tensión entre los dos, Bolaños y Esteban González Pons, aún puede escalar mucho.