Los jueces de Castellón han recibido 10 peticiones de moratoria de órdenes de desahucio en tan solo tres días laborales desde que el pasado viernes se ratificara en el Boletín Oficial del Estado el real decreto de medidas urgentes del Gobierno para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, una de ellas la de la familia Rodrigo Rivera, que hoy mismo tenía cita con la comisión judicial para proceder al desalojo de su vivienda de la calle Pintor Sorolla de la capital, paralizado a última hora. Siete de los procedimientos los han interpuesto los deudores, aunque tres han corrido a cargo de los propios bancos.

Lo comunicó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que aportó además el dato de que, a 31 de septiembre, un total de 1.924 familias castellonenses viven pendientes de un procedimiento de ejecución hipotecaria, 573 de ellas nuevas en los juzgados de primera instancia y servicios comunes durante este año. Durante este proceso, explican, se puede renegociar la deuda con el banco, adecuar los pagos, perder la casa y dejarla o el desalojo forzoso. Cabe recordar que, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados de Castellón han decretado este año alrededor de 3.000 órdenes de desahucio, algunas de ellas procedentes de demandas hipotecarias del año pasado.

MÁS ESCRITOS ESTE SEMANA // Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Castellón, uno de sus coordinadores, Walter González, señaló ayer que “los escritos se seguirán presentando a lo largo de esta semana”, y añadió que la idea es “mandar otros para pedir a los jueces de oficio, allá donde no se han presentado las peticiones, que sean quienes paralicen el proceso, teniendo en cuenta la argumentación de situación excepcional”.

“Esta acción viene a ejemplificar lo que está pasando estos días, porque finalmente el poder judicial y la sociedad civil son los que están reaccionando a un drama y a una injusticia que se debería resolver en el Parlamento y en el Gobierno”, dijo González. “Llaman colectivos vulnerables, que son los que amparan, a los más extremos”, criticó, al igual que lo hizo el día anterior en Valencia el portavoz de la PAH en la capital del Turia, destacando que para la PAH “colectivo vulnerable es todas aquellas personas que van a tirar de su casa y que no pueden pagar, que muchas veces pagan al banco antes de comer”.

MÁS DE 100 ASESORADOS // Los abogados castellonenses están asesorando a los afectados en materia hipotecaria. Solo en Castellón y Vinaròs se han tratado ya más de 100 casos en apenas tres semanas. El Colegio de Abogados de Castellón, además, tiene disponible un escrito dirigido al órgano judicial donde se pide la paralización inmediata del proceso de desahucio, apoyado, según el Consejo de la Abogacía, en la situación de emergencia social causada por las miles de ejecuciones desde el 2007 en España. H