La pregunta está en la calle. ¿Cómo es posible que en una provincia con una tasa de paro del 29,14% (datos de la última EPA) y sometida a la dictadura de la austeridad todavía no se ha producido un estallido social? Casi todo el mundo sabe la respuesta y ahora los economistas la han explicado al detalle. Hay dos razones principales. La primera tiene que ver con las redes familiares (quién no conoce a unos abuelos que ayudan a sus nietos o a unos padres que pagan el alquiler o las facturas de sus hijos) y la segunda con la extensión de la economía sumergida, un problema que impide a la Administración recaudar decenas de miles de euros y que provoca competencia desleal entre empresas de un mismo sector.

Aunque es difícil conocer con exactitud la magnitud del dinero negro que se mueve en Castellón, los datos que manejan sindicatos, técnicos de Hacienda y los economistas de la delegación valenciana del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), calculan que entre 13.000 y 15.000 personas de la provincia trabajan en la economía sumergida, cuya tasa se ha disparado en los últimos años hasta el 19,8% del PIB,. O dicho de otra manera: uno de cada cinco euros que circulan por Castellón es negro, lo que supone, además, que cada año casi 3.000 millones de euros escapan al control de fisco.

Para intentar luchar contra la economía sumergida, el Gobierno aprobó a principios de año un plan especial que consistía, básicamente, en intensificar las inspecciones. Y, a partir de ya, las acciones se van a redoblar, al menos en la Comunitat Valenciana. El Consell y la Inspección de Trabajo acaban de anunciar la inminente puesta en marcha de un plan para “posibilitar el afloramiento de empleos”, en el marco de un convenio de colaboración en materia de lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular, según fuentes de la Conselleria de Economía.

DOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN // El plan contempla dos líneas de actuación básicas. La primera tiene como punto de mira a las empresas. Desde ya, los inspectores de Trabajo realizarán visitas sorpresa a pymes de Castellón, Valencia y Alicante para comprobar que todos sus trabajadores estén dados de alta en la Seguridad Social y que las cotizaciones son acordes a la ley. En Castellón, y según ha podido saber Mediterráneo, los negocios que más inspecciones recibirán son los bares y restaurantes y las fábricas y tiendas de muebles. También habrá controles en las fincas citrícolas, donde se comprobará que tanto los collidors como el personal que trabaja en los almacenes de empresas y cooperativas no engrosan las listas de la economía sumergida. Además, y en el conjunto de la Comunitat Valenciana, se hará hincapié en el control de empresas de otros sectores como el textil o la vendimia.

Si la primera pata del plan se basará en las visitas a empresas, la segunda tiene como objetivo comprobar que quienes cobran el subsidio por desempleo (unos 36.000 en la provincia) no compaginan dicha prestación con un trabajo, ya sea de forma regular o esporádica. “Desde el Servef se llevarán a cabo actuaciones de control de las obligaciones establecidas en materia de empleo sobre trabajadores en paro”, explican en la Conselleria de Economía.

AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN // Además de luchar contra la competencia desleal y contra la vulneración de los derechos de los trabajadores, el plan conjunto contra la economía irregular tiene otro objetivo y es aumentar la recaudación. Un informe del Instituto Español de Análisis Financieros revela que el afloramiento de la economía sumergida permitiría recaudar cerca de 2.000 millones de euros al año en la Comunitat. En Castellón serían algo más de 300 millones. H