La liberalización de los peajes de la AP-7 a partir del 1 de enero tiene muchas derivadas. A la reducción de ingresos en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que tendrán que afrontar todos los municipios por los que pasa la citada vía o la demanda -por ahora insatisfecha- de construcción de nuevos enlaces para mejorar la conectividad se suma ahora la situación en la que se encuentran una treintena de trabajadores de los peajes de Castellón, que aguardan con incertidumbre los movimientos de la empresa concesionaria (Aumar).

Según explicó el responsable de Transportes de la UGT a nivel nacional, Daniel Sancha, el caso de la AP-1, la única autopista que se ha revertido hasta la fecha, no anima al optimismo. «En aquel caso, la empresa presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a los 44 empleados de los peajes, mientras que los contratos de los 60 que trabajaban en el mantenimiento sí fueron subrogados», afirmó Sancha.

Por ello, para el caso de la AP-7 piden la creación de una mesa de negociación con la compañía concesionaria del tramo Alicante -Tarragona, pues aseguran que hay «170 empleos en peligro».