El Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón mantuvo ayer un encuentro para analizar la situación de su sector, y los retos a los que se enfrentan los integrantes del colectivo, que representa a cerca del 80% de viviendas de ambas provincias. Los asistentes conocieron el diagnóstico de la situación de manos de Joaquín García Lombart, miembro de la junta de gobierno del Colegio, quien hizo mención al «problema que supone el instrusismo».

En su intervención, detalló que los propietarios «deben saber que esta función ya no puede realizarla solo aquel que sabe hacer cuentas, sino que hay conocer toda la reglamentación actualizada, y estar pendiente de los cambios normativos en materia fiscal, de seguridad o de mantenimiento de ascensores». La normativa autonómica establece la colegiación para desempeñar las actuaciones relacionadas con los bloques de viviendas y mediar cuando se producen conflictos.

PISOS TURÍSTICOS / Lombart mencionó un tipo de supuesto cada vez más habitual, como los pisos turísticos ubicados en comunidades de propietarios. «Los colegiados saber qué hacer en cada caso, actuar si tienen que limitar estas actividades en función de la ley de la Generalitat ya en vigor, e incluso barajar aquellas circunstancias en las que los responsables de este tipo de negocios deban pagar más por el uso específico de espacios comunes».

Otro aspecto mencionado en esta convocatoria fue la seguridad jurídica que aporta un integrante de esta entidad, «con la existencia de un seguro de responsabilidad civil, por lo que tanto él como el Colegio pueden hacer frente a las incidencias derivadas de una mala praxis o error». En cuanto a la seguridad, incidió en el conocimiento de estos profesionales ante cuestiones como las revisiones contra incendios y renovación de extintores, o las revisiones de los edificios que llevan más de 50 años en pie.