Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Santa Magdalena... Son los municipios de la provincia más afectados por la decisión de Fomento de no bonificar la AP-7 a su paso por Castellón. No solo por la siniestralidad que registran sus vías, sino también por su proximidad a Cataluña y por los desplazamientos diarios por motivos laborales de sus vecinos y de los trabajadores que absorbe de otras poblaciones.
Recuerdan el agravio comparativo que supone que la comunidad vecina se beneficie de los descuentos para transportistas y coches, y critican que no se atienda la reivindicación del Maestrat.
Los alcaldes censuran el tratamiento que recibe la provincia y ponen el foco en la elevada mortalidad de la N-340, donde la pasada semana se registró el último fallecido a la altura de Vinaròs y que concentra ya la mitad de los muertos de este 2018.
Su primer edil, Enric Pla, incide en que el accidente tuvo lugar en la variante nueva, que debía frenar una siniestralidad que continúa siendo muy elevada. «Necesitamos la misma medida que los catalanes. Tenemos aislamiento en las comunicaciones y recargo económico. Nos choca, además, la actitud de la Generalitat, cuyo tono reivindicativo ha bajado al ser el actual Gobierno de su mismo color; mientras que el PP lo ha incrementado justo por el motivo contrario», alega Pla, quien recuerda que la mayoría de trabajadores del Hospital Comarcal son de la Plana y se ven abocados a la 340 «al no tener tampoco una alternativa de calidad con los Cercanías».
Para la alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, el Gobierno central tendría que haber contactado con el Consell y entrar en conversaciones, como sí hizo con Cataluña. «Nuestro único objetivo es la liberalización total», opina.
CRÍTICAS AL CONSELL
En Peñíscola, Andrés Martínez pide que el discurso del Gobierno de Ximo Puig sea «el mismo que hace unos meses». «La provincia no les ha importado nunca y es una burla que se aplique la bonificación para unos sí y otros, no. Me parece un ninguneo a los puntos negros de Castellón», dice.
Misma sensación tiene el alcalde de Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, quien exige al Consell
que no se resigne e insta a Puig a pedir una reunión para revisar los tramos bonificados. «No tiene ninguna justificación la decisión de Fomento y no sé a qué espera la Generalitat», sostiene.
Desde Santa Magdalena, Sergio Bou recuerda que una AP-7 libre «sería mejor que cualquier parche», pero critica al PP por su actual postura y dice que «los que más se quejan ahora son los que no nos apoyaban antes con esta petición». «Voy a dar un voto de confianza al nuevo Gobierno central porque quiero pensar que esta medida le viene arrastrada del anterior Ejecutivo», afirma.
Por último, la alcaldesa de Torreblanca, Josefa Tena --una de las localidades más afectadas por la siniestralidad de la 340-- ve la ausencia de bonificaciones en la provincia una decisión «muy poco coherente y racional». Incide en que la nacional tiene restringido el paso a los camiones por su municipio y recuerda que «la única alternativa es una CV-13 con un solo carril», por lo que considera que Torreblanca debe incluirse «sí o sí».
