El juzgado número 2 de lo Social de Castellón abrió ayer el primero de lo que será una larga serie de juicios por la no renovación de contratos laborales en el Hospital Provincial, que afectaron el pasado mes de noviembre a un total de 17 trabajadores del centro.
Estos contratos temporales que no fueron renovados formaban parte de los más de cien en situación de fraude de ley que existen en el centro hospitalario y que se iban renovando sucesivamente para enmascarar una relación laboral que, por su naturaleza, son de carácter laboral indefinido o fijo. Los 107 contratos que se libraron de la criba de noviembre ya han sido renovados hasta en dos ocasiones por un periodo de tres meses y con una vigencia que culminará el próximo 30 de abril.
A este primer juicio por despido improcedente para el que el afectado pide el reingreso o la correspondiente indemnización, le seguirán otros siete el 21 de febrero, para determinar si la no renovación de estos contratos se fijó con criterios legales. Posteriormente y a lo largo de abril, se sucederán otros en una lista a la que se sumarán otros frentes judiciales abiertos referidos a la productividad.
Los 17 contratos que se juzgan ahora no fueron renovados a raíz de la aplicación de un plan de recursos humanos emitido a través de un informe realizado por profesores universitarios, que la propia Universitat Jaume I desautorizó y que, con posterioridad a los despidos, hasta la misma dirección del centro, la consideró como de difícil aplicación, pese a que el Consorcio Hospitalario tuvo que hacer frente a unos costes por valor de casi 17.000 euros.
