La junta de gobierno del Ayuntamiento de Castellón aprobó ayer la revisión de las ordenanzas fiscales para el 2017, entre las que se incluye una bajada del 5% en el tipo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) general urbana, pasando del 0,7875 al 0,7475%; y una subida de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, de entre 4,61 y 9,2 euros para 52.500 viviendas, y otras 35.000, con el valor catastral más bajo, pagarán igual que este año.
Una de cal y otra de arena para los vecinos de Castellón en unas ordenanzas planteadas por PSPV-PSOE, Compromís y Castelló en Moviment, integrantes del Pacte del Grau, tras las reuniones de la mesa de trabajo compuesta por los cinco grupos municipales, que han aportado propuestas y después de que en octubre del 2015 CSeM votara en contra de la reforma fiscal en el pleno.
El concejal de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, explicó que una de las principales medidas, la reducción del gravamen del IBI, «compensa, en cierto grado, el incremento que año tras año sufre este impuesto como consecuencia de la revisión catastral solicitada por el PP».
La ordenanza incorpora una modificación de las deducciones fiscales a las familias numerosas, que tendrá un carácter más progresivo, entre el 12 y el 60% en función de los ingresos. Asimismo, habrá bonificaciones para los inmuebles con actividades culturales, para compensar «el elevado IVA cultural», apuntaron; y otras para inmuebles de uso social y con sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar. En el impuesto de construcciones, instalaciones y obras plantean reducir todos los módulos. Y también se compensará la supresión de la bonificación del 40% en la plusvalía.
La alcaldesa, Amparo Marco, mostró su satisfacción por la revisión: «Con este tipo de medidas avanzamos en reducir la carga fiscal a la ciudadanía y conseguir que paguen menos los que menos tienen y más los más favorecidos económicamente». También anunció que el gobierno local se compromete a solicitar a la gerencia del catastro una nueva ponencia catastral en 2017 para ajustar los valores de los inmuebles a la realidad del mercado.
Además, la alcaldesa de la ciudad avanzó la inminente creación del Consejo Municipal de Inspección para impulsar la lucha contra el fraude tributario y se puedan detectar los nichos de fraude y actuar. «Porque si conseguimos que paguen todos aquellos que tiene que pagar, todos pagaremos menos», afirmó. H
