La Generalitat y los alcaldes de los 115 municipios afectados por la infrafinanciación de la red de Cercanías de la Comunitat Valenciana anunciaron ayer que llevarán a cabo concentraciones en las estaciones ferroviarias para reivindicar unos servicios «de calidad» en unos plantes que, si bien en un principio se darán solo en las provincias de Valencia y Alicante, no descartaron que finalmente se amplíen a Castellón.
La advertencia la hizo ayer el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, tras la reunión mantenida con los alcaldes de los municipios afectados para analizar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 en este ámbito y estudiar propuestas al Ministerio de Fomento, entre los que se encontraban representantes de municipios como Castellón, Vila-real, Almassora, Benicarló, Nules, la Vilavella o Vinaròs, entre otros.
El anuncio coincidió ayer con la visita a la Comunitat del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien se mostró molesto con la medida, que tachó de «desleal», «injustificada» y «vertida desde el desconocimiento profundo de las actuaciones de Renfe y Adif». Y para contrarrestar los argumentos del Consell y estos municipios, De la Serna recordó que el Gobierno valenciano se había comprometido a participar en una reunión de seguimiento de estas inversiones a los seis meses de la comisión creada para tal fin y la «Generalitat no ha esperado a este encuentro ni tampoco ha pedido reunirse».
Domingo, por su lado, subrayó que los Presupuestos Generales de Estado son «claramente insuficientes» para Cercanías, ya que únicamente se han contemplado 50 millones en 2018 «de los más de 1.400 millones previstos». Al respecto, el ministro señaló que se trata de una postura demagógica ya que en algunos casos faltan las declaraciones de impacto ambiental y redactar los proyectos de construcción, sin los cuales no se pueden incluir grandes partidas.
Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Ali Brancal, presente en la reunión, destacó que los alcaldes y alcaldesas «exigimos cumplir los primeros plazos del Plan de Cercanías 2018-2025, puesto que lo que reflejan los presupuestos es un ritmo inversor del todo insuficiente con el cual se necesitarían 29 años para ejecutar un plan que han anunciado para 9».
BONIG critica al consell // La presidenta del PPCV, Isabel Bonig advirtió de que «si no hay presupuestos no hay inversiones». Y también calificó de «deslealtad» que la Generalitat convoque a los alcaldes por el servicio de Cercanías, «más cuando sabemos que la comisión de seguimiento todavía no se ha constituido».
