La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, anunció ayer en el debate del estado de la ciudad, casi en tiempo de descuento, la gestión de cerca de 100 millones de inversiones que asumirá el equipo de gobierno en el último año de legislatura, atando así cara a las elecciones de mayo del 2019 obras y proyectos de peso para Castellón. 20 de la estrategia Transforma Castelló; otros 20 del corredor medioambiental del Riu Sec; 18 de nuevos fondos europeos; 10 de inversiones ordinarios del presupuesto del 2018, y otros 10 de las del 2019; 5 del proyecto GreenWet; otros 5 de sostenibles del 2018; y 5 más de las inversiones sostenibles del 2019. Destacó la política económica y social para hacer de Castellón «una ciudad más justa».
Fue el último golpe de efecto de Marco para cerrar un debate en el que PSPV y Compromís resaltaron su gestión e hicieron autocrítica, en el que su socio del Pacte del Grau, Castelló en Moviment, les leyó la cartilla y puso deberes, y en el que PP y Ciudadanos volvieron a enrocarse en la «nula gestión» y en el «sectarismo del equipo de gobierno». Planeó durante toda la sesión la sentencia de la trama Gürtel y la financiación ilegal del PP, que incomodó a la bancada popular, con peticiones de dimisiones por parte de CSeM y Compromís -a Javier Moliner, Vicent Sales y Juan José Pérez Macián-, que se devuelva el dinero robado -a lo que se sumó el PSPV-, mientras que el PP quiso pasar página y dijo que la Gürtel es «cosa del pasado» y contraatacó con los «26 imputados en Madrid del PSPV y Bloc».
INTERVENCIONES // El portavoz socialista, Rafa Simó, empezó haciendo autocrítica, «en vivienda, donde queda mucho por hacer», y en «medio ambiente» y siguió enumerando logros «en movilidad, el centro de día de alzhéimer, el Castell Vell, el refugio, Villamargo o la reducción de la deuda». Recriminó después a la oposición la falta de iniciativas de promoción económica y ocupación. «No han presentado ningún proyecto de ciudad. Discutir y hacer ruido, esa es su estrategia. Jaleo y más jaleo», aseguró.
Desde Compromís, Ignasi Garcia abrió su turno con las «9.277 personas más que cotizan en Castellón desde junio del 2015». Subrayó las «más de 7.000 familias atendidas», el Plan General y los fondos europeos, además del trabajo en sanidad y educación «que estaban siendo troceadas y comercializadas por la derecha y se han defendido y protegido». Garcia calificó el actual gobierno como «el más transparente que ha tenido la ciudad de Castellón» y un «referente en igualdad real».
El portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, suspendió al gobierno en «vivienda, medio ambiente, remunicipalización de servicios privatizados y prevención de la corrupción». Pidió una apuesta más clara por las políticas sociales e instó a la alcaldesa a solicitar al nuevo presidente del Gobierno central la derogación de la ley Montoro.
Y ya desde la bancada de la derecha, llegaron las críticas más contundentes. La portavoz del PP, Begoña Carrasco, insistió en que «la división interna del gobierno de PSOE y Compromís deja una ciudad sin proyecto ni ambición». «Suben los impuestos para gastar más y rescatar a los suyos; incumplen sistemáticamente sus promesas y su sectarismo es el que ha llevado al enfrentamiento y a la división social», insistió la popular. «En tres años, acumulan 7,7 millones de euros en contratos a dedo», criticó. «Venían a salvar personas, han salvado a los suyos aplicando una política de enchufismo», aseguró.
La portavoz de Cs, Cristina Gabarda, reprobó una política «de división, con un nacionalismo extremista de Compromís, con la complicidad del PSPV», dando prioridad «al cambio de topónimo, la retirada de la cruz y las polémicas en la banda y fiestas». Todo, «sin escuchar», criticó.
