El PP ha puesto contra las cuerdas a la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, informe jurídico de la secretaria general del pleno en mano, instándola a dimitir en aplicación del Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento tras estar «imputada» por un presunto delito de malversación. Pero Brancal no lo ve así. Defiende que «está investigada y no imputada» (pese a que el 13 de marzo del 2015 el Gobierno aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituye el término imputado por el de investigado en la fase de instrucción y encausado tras el auto formal de acusación) y deja en manos del equipo de gobierno su futuro, al asegurar que «hablaremos como equipo de gobierno qué interpretación hacemos del informe de la secretaria».
«Está lejos de saberse si soy culpable de lo que me acusa una persona con unas pruebas que tampoco sabemos de dónde las ha sacado», argumentó Brancal. Y, preguntada por si está en la misma situación que lo estuvo el exalcalde Alfonso Bataller, espetó a los medios que «comparáis unas cosas que no son comparables». «No tengo ganas de alimentar monstruos de otros partidos», manifestó la vicealcaldesa.
Junto a Brancal, en un acto público de ayer, compareció la alcaldesa, Amparo Marco, quien fue muy escueta en sus palabras y se limitó a decir: «Creo que la vicealcaldesa ha hablado claro».
Eso fue por la mañana. Por la tarde, Compromís arropó a su concejala en un comunicado del grupo municipal -que en principio era del gobierno (junto a su socio del PSPV) y que posteriormente fue modificado para que fuera solo suscrito por Compromís- en el que acusan al PP de «tergiversar y manipular la realidad», manteniendo que «la vicealcaldesa no está ni ha estado nunca imputada, sino investigada» y que por lo tanto «atendiendo al momento procesal de la causa, no cabe aplicar el Código de Buen Gobierno porque no hay imputación formal». En principio, en la Comisión de Gobierno Abierto y Participación del 22 de noviembre se oirá la versión de Brancal y se posicionarán los grupos, incluidos sus socios del PSPV.
Cuestionan la querella
En el comunicado, Compromís cuestionó la veracidad de las pruebas aportadas por el concejal popular Juan José Pérez Macián en la querella presentada por, supuestamente, introducir papeletas electorales en la correspondencia del grupo municipal en las elecciones europeas del 2014. «Macián ha aportado a la causa unos sobres sobre los que la propia juez se ha pronunciado diciendo que no hay garantía de que no hayan podido ser alterados». «Exigimos al PP que deje de incurrir en calumnias sobre Brancal».
El PP exige a Marco que cese a Brancal
El portavoz adjunto del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan José Pérez Macián, manifestó ayer que «no es aceptable que la alcaldesa solo muestre firmeza contra la corrupción cuando ocurre en casa de otros y que sea tan complaciente y blanda cuando la que asoma por su puerta y ensucia a su gobierno». «Exigimos que sea consecuente y cumpla y haga cumplir con el Código de Buen Gobierno que también ella firmó al asumir su condición de miembro de esta corporación y alcaldesa», aseguró el edil.
Macián recordó que Marco dijo en el pleno del 12 de julio que «en el caso de que un concejal o concejala de gobierno sea imputado en un caso de corrupción aplicaremos el Código Ético de este Ayuntamiento y no es el caso», en respuesta a la pregunta que se le formuló acerca de la situación de la vicealcaldesa. Sin embargo, Macián afirmó ayer que «sí que es el caso, y Brancal debe ser cesada en sus funciones por quien la nombró, o sea, por la propia alcaldesa», tras el informe jurídico que la considera como «investigada».
