La Unió de Llauradors denunció este jueves una vez más que que los protocolos para exportar cítricos castellonenses, y del resto de España por tanto, a terceros países son muy duros, hacen muy complicado entrar a nuevos mercados y el precio de la gestión administrativa le supone al conjunto del sector nacional unos 5,2 millones de euros anuales.
Por el contrario, los costes administrativos y de control para países terceros por el envío de sus producciones a la Unión Europea es cero porque «la Comisión Europea no reclama reciprocidad a las exigencias que sí imponen a los cítricos europeos». Se trata de uno de los elementos clave de la competencia desleal por la que clama la citricultura castellonense y el campo en general.
En este caso, la Unió ha cuantificado sus argumentos con datos oficiales. Su estudio señala que para exportar a países como EEUU, China, Japón, Corea del Sur o Australia se impone un protocolo específico severo que actúa como barrera y encarece los envíos de media en 0,09 €/kg, al asumir costes de referenciación de campos, asistencia de traductor, tratamiento en frío e inspección in situ, entre otros.
La Unió señala recordó además que la producción agrícola en la UE está sujeta a controles fitosanitarios estrictos que no se aplican en igual medida en otros países. El secretario general de la organización agraria, Carles Peris, dijo no entender «como terceros países exigen a España protocolos tan rigurosos que no tienen reprocidad por parte de las autoridades comunitarias aquí, lo que es un agravio comparativo más que rompe el equilibrio de las reglas del juego citrícola».
Peris aseguró que el Gobierno de España y sus Ministerios competentes «no hacen bien los deberes a la hora de negociar nuestras exportaciones de cítricos», ya que la UE permite la discriminación. Ante esta situación criticó «la posición de inacción del ministro de Agricultura, Luis Planas, que parece más preocupado en no molestar a la Comisión que en defender los intereses de los citricultores».
