El Consejo de Ministros declaró ayer la provincia (y el resto de la Comunitat, Murcia, Baleares, Albacete y Almería) zona catastrófica debido a los efectos del temporal del pasado fin de semana, pero esta declaración apenas tendrá incidencia en Castellón.
Y es que la declaración de «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» (como se denomina ahora la zona catastrófica) se dirige sobre todo a paliar deficiencias en infraestructuras públicas municipales, daños personales y perjuicios en vivienda habitual, enseres o instalaciones, entre las que se incluyen «las agrarias y marítimo-pesqueras», como recoge el acuerdo aprobado ayer... pero esto apenas se ha producido en el territorio castellonense, cuya agricultura sí se ha visto muy perjudicada. Estas medidas también se extienden a las inundaciones sufridas a finales de noviembre, señaló ayer el Consejo de Ministros.
También el Consell aprobó las subvenciones para minimizar los daños derivados de las inclemencias meteorológicas, pero también son para los ayuntamientos, que tendrán de 45 días a partir de la publicación en el DOGV para presentar propuestas.
Sobre medidas concretas que beneficien al campo, en la provincia una primera estimación oficial de la Conselleria cifra el daño en 51 millones de euros, pero prevé que aumente conforme se evalúe más zonas (tras las lluvias se llegó a cifrar en 100 millones), la consellera Elena Cebrián, tras escuchar a las organizaciones agrarias, señaló que van a solicitar la rebaja de los módulos de declaración del IRPF y la exención del IBI rústico de las parcelas afectadas. Las entidades también pidieron ayudas directas de la Unión Europea. Desde el Gobierno señalaron que estas quedan a merced de los ministerios.
