Si, como dejó escrito Isócrates, la Constitución es el alma de los estados, España debe de tener al menos tantas almas como partidos y proyectos políticos. 40 años después de aquel 6 de diciembre gris y lluvioso del 1978 en el que Castellón votó de forma masiva a favor de una Carta Magna consensuada por líderes de sensibilidades muy distintas, muchas cosas han cambiado. La provincia celebra hoy el aniversario de la Constitución con unos dirigentes políticos que reivindican el llamado espíritu del 78 sin ser capaces de acordar los términos y el alcance de una hipotética reforma.
En este sentido, Castellón es un espejo de lo que ocurre en el resto de España. La mayoría de partidos optan por una modificación constitucional, pero el Partido Popular, formación más votada en las últimas elecciones autonómicas y estatales, es la que se encuentra más cómoda con el texto del 1978. Su presidente provincial, Miguel Barrachina, afirmó ayer que la Constitución «ha permitido 40 años de democracia y crecimiento sin precedentes en la historia de España».
Barrachina reconoció que puede haber cuestiones que hayan quedado «obsoletas», pero manifestó sus dudas respecto a una modificación profunda que pueda provocar un «cisma» en la ciudadanía, especialmente si este proceso coincide con el «desafío separatista» que se vive en Cataluña. «Cualquier cambio ha de venir precedido del consenso, en Castellón fueron el 90% quienes la apoyaron y dudo que en este momento alcanzásemos acuerdos similares», sentenció.
PARTIDARIOS DEL CAMBIO
Las elecciones andaluzas del pasado domingo, con la irrupción de Vox en la cámara autonómica, son para los partidos de izquierda tanto la evidencia de que el texto legal necesita «un proceso de chapa y pintura» como la certificación de que ese consenso imprescindible está lejos. «Será difícil abrir el melón de la reforma porque los últimos comicios muestran la aparición de partidos que realizan discursos en favor de la crispación», afirmó el secretario general del PSPV en la provincia, Ernest Blanch. No obstante, el dirigente socialista se mostró partidario de una modificación que incluya aspectos tan destacados como el debate entre monarquía y república, incrementar la protección de los derechos sociales básicos, la reforma del Senado o la eliminación de las diputaciones, en la línea de lo que el PSOE acordó en su Declaración de Granada (2013).
También en Compromís optan por encarar un proceso de reflexión, aunque en la coalición conviven almas distintas. Si el senador castellonense Carles Mulet ve en la Constitución un texto «obsoleto» y no irá a los actos de hoy en Madrid, la diputada Mònica Álvaro defiende la postura de los consellers del partido, que sí acudirán al acto oficial que se celebra en Alicante. Álvaro reivindica la propuesta de reforma que el Consell presentó en febrero de este año y que prevé un estado federal y con más derechos como «un buen punto de partida».
Entre dos aguas nada Ciudadanos. La diputada Merche Ventura optó por «actualizar, que no modificar» la Constitución, pero manteniendo lo esencial porque la ven «más viva que nunca, ahora que hay partidos que quieren romper España». Entre las cuestiones a cambiar, destacan la supresión de los aforamientos, la reforma del Senado o la garantía de la separación poderes.
En Podem, el diputado autonómico César Jiménez aseguró que el texto actual «no da respuesta a los retos del siglo XXI» porque «ha perdido capacidad para aglutinar». La reforma que proponen los morados pasaría por blindar los derechos sociales y «adaptarla a los nuevos tiempos con una perspectiva feminista y más democrática».
