El Ayuntamiento de Castellón ha iniciado los trámites necesarios para iniciar el proceso de solicitud de la nueva ponencia de valores catastrales al Ministerio de Hacienda, con el objetivo de ajustar los valores de los inmuebles a la realidad. La intención del equipo de gobierno es que esté todo listo para que el próximo 2 de enero la alcaldesa, Amparo Marco, dé curso a esta solicitud, ya que Castellón no podía pedir una nueva revisión hasta el 2017.

Marco explicó que la revisión de valores catastrales realizada en los últimos años ha elevado de forma sustancial la cuantía del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de manera que propiedades inmobiliarias que han visto devaluado su valor por la crisis están pagando impuestos acordes a los valores anteriores, más elevados. «Desde el gobierno municipal siempre hemos defendido que era necesario pedir al Ministerio una nueva ponencia para corregir este desajuste. No queremos que los vecinos y vecinas de Castellón sigan pagando impuestos por esos bienes en virtud de un valor fijado antes del colapso del mercado inmobiliario», añadió Amparo Marco.

REDUCCIÓN DEL IBI / La munícipe manifestó que «mientras tanto, hemos aprobado una revisión que reduce el gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las familias en un 5%, pasando del 0,7875% al 0,7475%, el tipo más bajo aplicado por este ayuntamiento desde el 2007».

Por su parte, el concejal de Gestión Municipal, Antoni Lorenzo, agregó que «con esta decisión vamos a evitar un aumento de dos millones en la carga fiscal sobre las familias, que es lo que habrían pagado de mantener el mismo coeficiente». Lorenzo recordó que esa rebaja del IBI se enmarca en una revisión más amplia que incluye la bajada del tipo de gravamen de rústica en un 25%; el incremento del tipo del IBI hasta el 0,85 para el 5% de los inmuebles de uso no residencial con valores catastrales más altos; o la subida del tipo de gravamen que debe pagar el Puerto en un 5,4%, del 0,8538% al 0,90%. Por otro lado, se modifican bonificaciones fiscales y se aplica un plan bienal de control tributario.