La declaración institucional por una vivienda digna y adecuada es la única de las ocho propuestas que llegará al pleno del Ayuntamiento de Castellón del próximo jueves, 13 de julio, después de que en la junta de portavoces de ayer fuera la única que consiguió la unanimidad de los grupos.

En concreto, los cinco partidos políticos de Castellón instarán al Gobierno --a propuesta de Castelló en Moviment-- a reformar la legislación procesal con el objetivo de «prohibir el lanzamiento o desahucio en los procesos judiciales cuando se trate de una vivienda habitual de persona o familia declarada en riesgo de exclusión social y los servicios sociales municipales desaconsejen el desahucio». Este paso que busca apoyo estatal para garantizar la vivienda se produce cuando están a punto de hacerse públicas las bases de la bolsa de alquiler social de Castellón --aprobadas el pasado viernes--, que permitirán dar facilidades a las personas más desfavorecidas de la ciudad, después de la reciente polémica generada por la dificultad de frenar y acabar con los desahucios.

LAS ‘VETADAS’ // Respecto a las declaraciones que se quedaron sobre la mesa, destaca la del Pacte del Grau --PSPV, Compromís y CSeM-- pidiendo la transferencia a la Comunitat del servicio de Cercanías. El bipartito tampoco consiguió apoyos en la solicitud de gestionar públicamente el servicio de emergencias 112. A destacar la división del bipartito en la presentada por CSeM contra el maltrato de animales en actos taurinos, que apoyó Compromís, pero no los socialistas.

Ciudadanos criticó «el veto» a su propuesta para la eliminación de los barracones y el PP tampoco pudo sacar adelante la declaración para exigir la modificación de la normativa de carreras de montaña para que posibilite la celebración de las pruebas, ni la que reclamaba inversiones en materia de Cercanías. Tampoco la que pedía incluir cláusulas sociales que faciliten la contratación de desempleados residentes en el barrio San Lorenzo en las próximas obras en la zona.