El Ayuntamiento de Castellón tiene previsto licitar antes del próximo mes de mayo la obra de reforma de los antiguos juzgados de la plaza Borrull para convertirlos en sede de servicios sociales y atención a la ciudadanía. Como mínimo, dejar iniciado uno de los proyectos de mayor envergadura de la legislatura, que ya se tendrá que ejecutar en la próxima dados los plazos.
Hoy por hoy, los técnicos municipales y de la Generalitat están reajustando el proyecto y renegociando el presupuesto de la obra, lo que ha demorado la tramitación. Y es que una vez elaborado el proyecto técnico de obra, el presupuesto estimado en unos 12 millones, superó los 18 millones y tras negociaciones entre las dos administraciones implicadas se intenta cerrarlo en torno a los 15 millones. Castellón aportaría los 12 previstos (que obtendrá a través de una operación de crédito) y el resto se cubriría con fondos autonómicos, según anunció en noviembre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; unos 3 millones, aunque pueden ser menos ante la previsible baja de las empresas en la licitación. La administración autonómica también aporta el edificio, que está valorado en otros 6 millones.
Según explicó recientemente la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, confía en que este convenio se pueda cerrar en breve, una vez establezcan un acuerdo satisfactorio para las dos partes que harán uso del inmueble; Ayuntamiento y Generalitat.
A priori, la ayuda económica de la Generalitat para convertir la antigua Audiencia en una sede de servicios sociales y atención a la ciudadanía, según las fuentes consultadas, no tiene por qué afectar a la redistribución del espacio marcado entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
