La sentencia del Supremo y la modificación legislativa anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gustarán más o menos, pero si algo es indudable es que ambas decisiones clarifican la situación para los miles de castellonenses que habían firmado sus hipotecas en los últimos cuatro años y para los que tenían pensado hacerlo en el futuro.

En primer lugar, la marcha atrás del Alto Tribunal, que en la tarde del martes determinó que correspondía a los clientes pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), cierra la puerta a las reclamaciones retroactivas de usuarios que habían comprado una vivienda en los últimos cuatro ejercicios y pretendían recuperar lo abonado. La Dirección General de Tributos de la Generalitat informó a Mediterráneo que en ese periodo --de octubre del 2014 al mismo mes del año actual-- se ha cobrado este impuesto a 17.014 castellonenses por un valor total de 34,1 millones de euros.

Tan solo en lo que va del 2018, el Consell ha ingresado 6,9 millones por 3.844 hipotecas en la provincia, lo que equivale a una media de 1.795 euros por préstamo. No obstante, pese a que la Conselleria de Hacienda es la encargada de recaudar esta tasa, fuentes autonómicas aseguraron que en el caso de que el fallo del Supremo hubiera sido en sentido contrario, las reclamaciones se hubieran tenido que dirigir a las distintas entidades financieras.

SE ABRE UN NUEVO HORIZONTE // En segundo lugar, y con el anuncio realizado ayer por la mañana con el presidente Sánchez, se abre un nuevo horizonte para quienes logren un préstamo para adquirir una vivienda, pues serán los bancos quienes se harán cargo del tributo. A falta de conocer la letra pequeña de la iniciativa legislativa del Gobierno, en Castellón la proyección para este año es que se constituirán unas 4.610 hipotecas, lo que implicaría que las entidades financieras se tendrían que hacer cargo de unos 8,2 millones de euros al año.

En el aire queda, por el momento, quien será el encargado de asumir otros gastos derivados de la firma de un préstamo, como los de notaría, registro o tasación. El presidente de la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa, explicó que la comparecencia de Sánchez no aclaró esa duda, entre otras cuestiones porque en el Congreso está «encallada» desde hace aproximadamente un año la reforma de la Ley de Crédito Hipotecario, «que es la que debería clarificar estas cuestiones». Según sus cálculos, estos trámites suponen entre 500 y 600 euros, aunque en última instancia depende del valor del crédito firmado.

SORPRESA POR LA SENTENCIA // En paralelo, Insa se mostró sorprendido por el pronunciamiento del Supremo. «Nadie esperaba una sentencia nítida, sobre todo porque es opuesta a la que se produjo hace menos de un mes», aseguró. La incertidumbre de las últimas semanas frenó en seco la actividad de inmobiliarias y notarías, negocios que se mostraron esperanzados con una «esperada vuelta a la normalidad».