El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a nombrar «tantos letrados de la administración de Justicia como sean necesarios para los juzgados especializados, siempre que la carga de trabajo lo justifique». Castellón será una de las ciudades que, desde hoy y sin ningún apoyo extra, comenzará a recibir en el Juzgado de Primera Instancia 6 todos los asuntos relativos a las cláusulas suelo y que, en función de la carga de trabajo que tenga, recibirá o no más medios humanos y materiales.

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un plan de urgencia para hacer frente al aluvión de casos que esperan los juzgados y que se someterá a evaluaciones mensuales para ir revisando la entrada de asuntos y, en consecuencia, qué medidas concretas de refuerzo son necesarias en cada provincia española.

Frente al previsible aumento de los litigios en relación con las cláusulas suelo, Catalá mantuvo ayer una reunión con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; y representantes de la Conselleria de Justicia de la Comunitat para analizar la situación. Lesmes incidió en que el objetivo de la especialización de un juzgado por provincia es conseguir resolver los pleitos que se planteen en relación con las cláusulas suelo, sin que se vea afectado el tiempo de respuesta que actualmente están dando los juzgados de Primera Instancia, que se sitúa en la media europea.

Señaló, además, que la solución planteada por el CGPJ se caracteriza por su «flexibilidad», de modo que las medidas de refuerzo se podrán adaptar a las circunstancias de cada momento. En este sentido, Lesmes insistió en la necesidad de «coordinar esfuerzos» en un sistema de justicia «complejo», en el que las competencias están distribuidas entre el CGPJ, el Ministerio y las comunidades autónomas. Por el momento, Castellón afrontará la situación con sus propios medios.