Como ha sucedido con cualquier otra actividad comercial, la compraventa de viviendas se ha visto profundamente afectada en Castellón durante la crisis sanitaria. El impacto negativo, además, se agudizó durante la parte final del confinamiento, en mayo, cuando las operaciones sufrieron un espectacular desplome respecto al mismo periodo del año pasado, pese a que en marzo y abril las condiciones de reclusión fueron más estrictas.

Lo muestran las cifras dadas a conocer ayer por el Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana, que indican que en mayo hubo un 72,6% menos de operaciones que en el mismo mes del 2019, escasamente 229 (ver gráfico de la derecha). La caída de las compraventas es más intensa en la provincia que en Alicante y Valencia, donde disminuyeron un 65% y un 59%, respectivamente.

Un porcentaje de descenso que asimismo se queda muy lejos de los que se registraron en Castellón en los meses de marzo y abril, un 29,5% y un 16,6%.

razones // El porqué de esta tendencia no está claro, pero desde el sector apuntan varias cuestiones que pueden tener su importancia, como por ejemplo la casi completa paralización de la actividad notarial durante el mes de abril, que dificultó futuras operaciones. Y eso que «en Castellón, los profesionales priorizaron las firmas de hipotecas de vivienda, en mayor medida que en Valencia o Alicante», explican desde el colectivo de registradores.

El presidente del Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón, Francisco Nomdedéu, apunta otro factor. «Durante las primeras semanas se culminaron operaciones que ya estaban en marcha, pero puede que con el paso del tiempo la generalización de los ERTE haya actuado como freno a las nuevas compraventas», argumenta.

normativa autonómica // Respecto a la evolución de los próximos meses, Nomdedéu reconoce que hay aún demasiadas incógnitas que rodean al panorama económico como para hacer previsiones, pero ya avisa de que el nuevo decreto ley de la Conselleria de Vivienda que da derecho de tanteo y retracto a la Generalitat para intervenir en la venta de edificios, que tiene el objetivo de ampliar el parque de vivienda pública, no ayuda. «En el caso del comprador particular hay que hacer muchos más tramites, con comunicaciones a la Conselleria, lo que retrasa todo mucho más», detalla Nomdedéu.

Son muchos los promotores valencianos que han anunciado su rechazo a esta norma. A este respecto, el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, ha denunciado a través de redes sociales que recibe presiones y amenazas desde que el Consell aprobó el decreto. Dalmau asegura que estas actuaciones no se han detenido, que van dirigidas contra su persona y que se producen de forma tanto pública como privada. Aunque no dio nombres en su explicación de lo ocurrido, el responsable de Vivienda señala que estas amenazas provienen de parte de los poderes fácticos que defienden los fondos de inversión.