El pleno de Les Corts aprobó ayer la reforma de la ley de contratos agrarios, que establece la obligación de que estos se hagan siempre por escrito con el fin de evitar la venta a resultas, en la que los agricultores entregan la mercancía sin saber el precio y que suele ser un acuerdo verbal.
La nueva normativa, impulsada por Compromís, recoge la creación de un registro de contratos de compraventa agrícolas, donde los compradores deberán inscribirlos obligatoriamente, y un régimen sancionador que abarca desde los 5.000 euros hasta un millón. El texto fue aprobado con los votos a favor del PSPV, Compromís, Podem y los exdiputados de Cs; la abstención del PP, que comparte que los acuerdos sean por escrito pero no la creación del registro de los mismos; y la oposición de Ciudadanos, que defiende que se mantengan los contratos verbales como ahora.
Esta no es la primera ley que establece la obligatoriedad de que los pactos entre agricultor y comercio se hagan por escrito y de acuerdo a unos estándares de normalidad, pues a nivel estatal también la ley de la Cadena Alimentaria insta a hacerlo así sin que hasta el momento se sido cumplido en todos los casos.
Mientras desde Compromís y PSPV celebraron que esta ley protegerá al agricultor, el PP consideró un «despropósito» la creación de un registro que a su entender añadirá «burocracia y obligaciones» a los actores agrícolas.
