Las solicitudes de protección internacional se han disparado en la provincia de Castellón durante el último año. En total, se presentaron 237 peticiones para acogerse a esta figura humanitaria en las comarcas castellonenses frente a las 178 del ejercicio anterior, según reflejan los datos del Ministerio del Interior facilitados a Mediterráneo, lo que supone un incremento del 33 por ciento.

El caso del barco de la oenegé española Open Arms, con 151 inmigrantes a bordo, ha puesto de actualidad, nuevamente, el drama humano de la migración que se vive en Europa. Sin embargo, apenas una treintena de los solicitantes de asilo en Castellón proviene de África y Oriente Próximo. Venezolanos, colombianos y ucranianos son los principales solicitantes de asilo en Castellón.

Solo en el 2018 se han duplicado las solicitudes de protección internacional de venezolanos, pasando de 57 a 108. Es la nacionalidad que encabeza el ránking en la provincia. También aumentaron las de los colombianos, pasando de 20 a 50; y, en la otra cara de la moneda, bajaron las peticiones de Ucrania, de 43 a 25.

Ya en el 2019, por lo que respecta al primer semestre, se han recibido en España 55.498 solicitudes de protección internacional, 3.537 de ellas en la Comunitat. A novel nacional, de todas ellas, Venezuela, con 19.729; Colombia, con 12.158 y Honduras, con 3.212, encabezan las cifras por nacionalidades. Por provincias, no hay datos disponibles.

La «terrible crisis humanitaria» que atraviesa Venezuela, con la falta de servicios públicos, de agua y electricidad, la hiperinflación, escasez de medicinas, de equipos médicos y profesionales, la inseguridad» están provocando un «éxodo sin precedentes». Así lo explica Lorena Falciatore, expatriada que reside en Castellón desde hace 17 años y portavoz de la Asociación Venezolanos en Castellón. «En los últimos tres años, la población huye, por eso se produce la solicitud de asilo. Inicialmente los que llegábamos, en su mayoría teníamos la doble nacionalidad y ya veníamos legales, pero en la actualidad la única forma de obtener la legalidad es bajo las figuras de asilo político y protección internacional.

No obstante, muy pocos venezolanos lo consiguen, según reconocen tanto desde el Ministerio como la asociación. Para acogerse, la persona tiene que estar perseguida por sus ideas, religión o preferencia sexual, y hay muy pocos que cumplan estos criterios. Además, está la protección subsidiaria, en la que si bien no nominalmente, se asilan por pertenener a un grupo perseguido, como una etnia religiosa minoritaria.

LARGA ESPERA // Los afectados aseguran que hay casos que acumulan hasta tres años de espera. Desde el Ministerio reconocen que cuando llegó el nuevo equipo en junio del 2018 se detectó que había un atasco enorme en la oficina de asilo, que esta se creó en los años 90 para un volumen muy distinto al que hay actualmente.

Señalan que en los últimos meses se ha trabajado para los procesos, pero que se sigue muy por encima de los plazos legales, que, para empezar, fijan un mes para evaluar si la solicitud es admitida o no; con el sí, se supone que en seis meses debería estar resuelta. Sin embargo, ahora no se cumple, y los plazos superan el año, según informa el Ministerio.

La protección internacional se puede presentar en frontera, o en oficinas de Extranjería, de asilo y refugio, comisarías de policía o centros de internamiento, en persona o por un representante. Las tramita la Oficina de Asilo.

En enero, el Consejo de Ministros aprobó expandir los permisos humanitarios y la residencia temporal a los venezolandos, reconociendo un problema que afecta a mucha gente más allá de una persecución nominal o por sus ideas y con este nuevo estatus, prevén agilizar las listas.