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LA NUEVA TVV NO ARRANCA

El despropósito de la TV valenciana

Los recursos ante el juez sitúan en riesgo que se ponga en marcha en breve plazo

 

La directora general de À Punt, Empar Marco. - MEDITERRÁNEO

MARIBEL AMORIZA
01/02/2018

Casi tres años después del inicio de la actual legislatura y cerca de 4,5 tras el fundido a negro de la extinta Canal 9, la nueva radiotelevisión valenciana es una realidad apenas en forma de su página web y una limitada emisión radiofónica.

Desde el compromiso incumplido de poner en marcha À punt el 9 d’Octubre del 2015 hasta este mes de enero del 2018, las polémicas --incluida la generada por el nombre elegido-- y las decisiones cuestionadas prácticamente no han dejado de fluir.

A día de hoy y con la expectativa de que la nueva tele podría ponerse en marcha en el primer trimestre, los procesos judiciales vigentes son amenazas sobre la posibilidad real de que el ente arranque de una vez.

La incorporación masiva de extrabajadores de la antigua RTVV a la plantilla temporal es uno de los ejes, ya que la Unió de Periodistes ha solicitado la suspensión cautelar de la bolsa, precisamente, por exceso de privilegios.

PROMESAS EN EL AIRE // Recuperar la cadena pública valenciana está resultando mucho más largo y laborioso de lo que se había previsto en un primer momento. De hecho, al inicio de la legislatura el Consell recién elegido llegó a anunciar que las emisiones de la nueva RTVV comenzarían el Día de la Comunitat Valenciana de este mismo año, el 9 d’Octubre. Sin embargo, el rechazo al modelo planteado inicialmente, como servicio público, en aras de una mayor independencia del ente y sus gestores de los poderes políticos ha alargado sensiblemente las fechas, con largos y polémicos procesos parlamentarios. Ahora, solo la web y la radio emiten en pruebas desde diciembre pasado y se pretende abrir la tele como tarde en abril.

LOS CONTRATOS A CARGOS // Con la ley que rige el ente público aprobada en el 2016, y todo el proceso de liquidación de la antigua RTVV como telón de fondo, impugnación del ERE incluida, se toma la discutida decisión de que la marca comercial será À Punt, y no es hasta febrero del 2017 cuando se elige a la nueva directora general, Empar Marco, opción que también se descubre como alejada del consenso y hace correr ríos de tinta. No obstante, no es la única incorporación a la nueva radiotelevisión valenciana que se cuestiona, ya que ocurre también con la elección de subdirecciones y jefaturas de servicio por parte de Marco, a la que se culpa de haber decidido a dedo a parte de su equipo, que sería afín a su entorno. La propia directora general respondió en Les Corts Valencianas de las acusaciones. En su comparecencia, rechazó la idea de que no ha habido transparencia suficiente en la selección de personal directivo y defendió que se eligió «a los mejores» tras superar un proceso de selección. Todo ello al margen de que la propia designación de Empar Marco como directora general no solo está cuestionada de modo informal, sino que un juzgado tiene previsto determinar si el proceso es válido o no, una resolución que podría conocerse cuando ya estén en marcha las emisiones de la tele valenciana.

SIN ATENCIÓN AL SECTOR // Después de no pocos retrasos en la presentación del contrato programa de la radiotelevisión valenciana en esta segunda etapa del ente, este vio la luz sin incluir el compromiso inicial del Consell de establecer alianzas con las emisoras de TDT con las que cuenta el territorio autonómico con el doble objetivo de impulsar su actividad y reducir los costes de À Punt, rentabilizando las infraestructuras de las televisiones locales y contiribuyendo a vertebrar el territorio. De este modo, a pesar de las palabras de Empar Marco, repetidas en no pocas ocasiones, en el sentido de que se potenciaría el sector audiovisual valenciano, con contratos que supondrían la creación de mil puestos de trabajo, ese impulso ha olvidado una de las patas de la industria. El contrato programa aprobado prevé al menos una cantidad de 55 millones de euros como aportación a cargo de los presupuestos de la Generalitat destinados a la prestación del servicio público. Entre los apartados que han sido incluidos en el documento que establece el esqueleto del funcionamiento del ente también se prevé el detalle de las inversiones anuales y plurianuales en infraestructuras y en tecnología que se realizarán. Esta inversión es de casi nueve millones de euros entre el 2018 y el 2020 que se suman a los 13,5 millones de euros correspondientes a la realizada durante el ejercicio de 2017.

UNA REFORMA DE LEY // A tres meses del tercer año de legislatura, los propios impulsores del proyecto --las formaciones del Pacte del Botànic-- para la nueva radiotelevisión valenciana, para À Punt, discrepan de cómo se ha llevado a la práctica el proceso previo a su puesta en marcha. Especialmente, por el exceso de exempleados del extinto Canal 9, en la plantilla temporal que ha sido contratada hasta el momento. Tarde, cuando ya está cumplimentada esa fase de hecho, se ha planteado incluso esta semana, como informó ayer Mediterráneo, la posibilidad de reformar la ley que rige el ente público, cuya interpretación en los baremos ha llevado al actual conflicto por las contrataciones realizadas.

CASI EXCLUSIVIDAD DE TRABAJADORES // Lo cierto es que, a falta de que salgan nuevas bolsas parciales en los próximos días, los contratos ya materializados dentro de la bolsa de trabajo temporal se corresponden en casi un 92% con personas que trabajaron en la extinta RTVV, lo que, más que aplicar criterios de priorizar a los extrabajadores, se acerca mucho a la exclusividad. Los nuevos periodistas que han accedido por ahora a la plantilla provisional de À Punt son apenas unos 50 de un total de más de 630. Tal y como han explicado en repetidas ocasiones desde la Unió de Periodistes, no es extraño el resultado cuando a la hora de valorar, por ejemplo, la experiencia profesional, haber trabajado en Canal 9 ha contado el doble que haberlo hecho en cualquier otra televisión. Al final, supone una discriminación para las nuevas generaciones de profesionales de la información, a quienes se deja sin apenas opciones de entrar en À Punt.

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