La Diputación de Castellón aprobará una operación financiera que permitirá destinar un total de 5,6 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia a través del denominado Fondo de Cooperación Municipal del 2020.
En concreto, en el próximo pleno ordinario de noviembre dará el visto bueno a la formalización de un depósito financiero a corto plazo por 7,5 millones de euros que tendrá, como principal finalidad, la creación del citado fondo en los presupuestos del próximo ejercicio. Será una nueva línea de ayudas que aumentará los recursos que la corporación provincial otorga de forma directa a las distintas corporaciones.
De este modo, la Diputación utilizará una parte de los 31,7 millones de remanentes líquidos de tesorería de los que dispone para este instrumento. Esta iniciativa se utilizará, principalmente, para activar el Fondo de Cooperación Municipal, que asciende a 5,6 millones de euros.
«Uno de nuestros principales compromisos era la creación de un Fondo de Cooperación al 50% entre Generalitat y la Diputación, una iniciativa que el año pasado ya secundó la Diputación de Valencia y que para el próximo ejercicio tendrá rango de ley, lo que garantizará el reparto de estos fondos con criterios de imparcialidad y objetividad», explicó el presidente de la corporación provincial, José Martí.
Este importante fondo, que supondrá la inversión de 11,2 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia, tiene una naturaleza incondicionada y no finalista. Esto significa que los municipios beneficiarios pueden destinar los recursos al desarrollo general de sus competencias, como es el caso de servicios, infraestructuras y equipamientos básicos.
El presidente provincial, José Martí, señaló que la prioridad de la institución provincial en esta nueva etapa es «trabajar para todos los municipios de esta provincia, y, sobre todo, para los más pequeños, y prueba de ello es la creación de este fondo».
El diputado de Hacienda, Santiago Agustí, destacó que otra parte de este depósito se utilizará para financiar otros servicios básicos, como la atención social en municipios de menos de 10.000 habitantes, tal y como recoge la nueva ley de servicios sociales de la Generalitat valenciana.
