La batalla por la política turística entre Diputación de Castellón y Generalitat vivió ayer un nuevo episodio, con dos frentes paralelos. En Alicante, reunidos el presidente Javier Moliner y su homólogo alicantino, César Sánchez, ambos del PP, anunciaban la petición al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de “suspender provisionalmente” los decretos de coordinación de turismo y deportes del Consell, por atentar contra la autonomía provincial.

Al tiempo, Alicante cumplía por fin su amenaza de presentar recurso, que se suma al ya registrado el 7 de mayo por Castellón y admitido a trámite, recientemente, por el TSJCV.

Justo la contienda judicial motivó también ayer, pero en Valencia, que los representantes de la Diputación de Castellón, sus vicepresidentes Vicent Sales y Andrés Martínez, y los de Alicante plantaran al Consell y abandonaran la reunión constitutiva del Consejo de Coordinación Turística, al inicio. Iba a constituirse el Consejo, cuando Castellón y Alicante se opusieron y solo se quedaban si se mantenía una reunión, pero fuera de este órgano. Según explicó Sales, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, se negó y señaló que el Consejo se iba a crear. “Consideramos que si el decreto está recurrido ante la justicia, las decisiones que se tomen allí no serían legales”, replicó el popular Sales.

De lo ocurrido en el Consejo, Moliner dijo que sus representantes no han tenido “más remedio que levantarse”, pues el Consell “esconde bajo la coordinación una imposición” para decidir en Valencia qué se hace y que las diputaciones pongan el dinero.

Moliner denunció que todo es una estrategia del president, Ximo Puig, de querer “controlarlo todo” y “de sus socios de gobierno, de quitar los gobiernos provinciales para centralizar el poder en Valencia”. Afirmó además que ello va contracorriente a lo que se hace en Europa, donde se tiende a descentralizar a favor de los gobiernos provinciales para que se gestione desde la “proximidad”.

Según Moliner, para el nacionalismo las diputaciones son un obstáculo que pretenden “diluir”, y achacó el intento de centralizar en la “ambición política” en el ámbito nacional de la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra.

“LUCRO CESANTE” // Por su parte, el dirigente alicantino, Sánchez, defendió que “Alicante y Castellón son dos provincias hermanas que trabajan en la misma dirección”. Ambos recursos se basan en un mismo informe jurídico de la UJI y entienden que lo “prudente” es que el tribunal paralice los decretos para evitar que afecten a presupuestos de diputaciones y se produzca una situación de lucro cesante. H