El Pacto de la Cerámica, que en plena crisis económica supuso la unión de hasta 22 municipios de Castellón para fomentar el empleo en la provincia, se encuentra en una situación muy compleja. Y no solo porque Vila-real haya decidido abandonar el acuerdo sino también porque Onda, que ostenta la presidencia, acusa a esta y otras tres poblaciones (Almassora, Betxí y Vilafamés) de situar a la institución en una situación de «mucha debilidad» al no haber abonado la cuota del año 2019.
Así lo aseguraron ayer fuentes muy cercanas a la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester (PP), que lamentaron que «tres ayuntamientos socialistas y uno de Compromís pongan en duda la viabilidad del proyecto» al no haber ingresado aún la cantidad de dinero que les corresponde, que va en función de los habitantes de cada población y que en el caso de Vila-real asciende a 40.000 euros y, en el de Betxí, a 5.100.
No es el único problema que tiene el pacto, pues la decisión de Vila-real de abandonarlo provoca que sean varios los alcaldes que afirmen que el proyecto necesita ser «replanteado» para seguir siendo útil en la lucha contra el desempleo. Uno de ellos es Alfred Remolar (Betxí), que lamentó que en las últimas convocatorias la asistencia haya sido muy escasa. «Daremos un año más de margen para repensar el pacto, y si la situación no mejora, nos plantearemos si es conveniente seguir», aseguró el primer edil.
Pese a reconocer que el contexto en el que nació el pacto ha cambiado y que hay «margen de mejora», el resto de alcaldes consultados por Mediterráneo apostaron por seguir con un pacto que aseguran que es «útil». La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, y el munícipe de l’Alcora, Samuel Falomir, defendieron que la unión es «positiva» para trabajar por el empleo y se mostraron dispuestos a estudiar en la próxima sesión, que se celebrará el 18 de septiembre, un «reajuste presupuestario» necesario tras el adiós de Vila-real.
Tanto desde el gabinete de alcaldía de Onda como la munícipe de Burriana, María Josep Safont, informaron de que en los últimos días, y ante la preocupación por el futuro del proyecto, se ha remitido una carta a la Conselleria de Economía Sostenible para ver hasta qué punto el Consell puede incrementar su compromiso, pues llegó a aportar 150.000 euros anuales y redujo esa cantidad a 54.000 euros. Safont se mostró partidaria de «abrir frentes en la lucha contra el desempleo, y no de cerrarlos».
