Seis años batallando. Es el tiempo que lleva la familia de Carmen, una niña de Burriana de 9 años que lleva más de un curso sin escolarizar a causa de lo que sus padres definen como un «diagnóstico erróneo de autismo», realizado «hasta en cinco ocasiones» por diferentes servicios psicopedagógicos escolares (SPE), según la Conselleria de Educación, desde el 2011. Un tira y afloja de la familia de Carmen con la Conselleria que ha sido constante.
«Todo empieza en el colegio y con el informe erróneo»
«El caso se remonta a los tres años, cuando entra en el cole. Tras una operación de oído y algunos problemas digestivos, para escolarizarla nos dan un primer informe: la niña es autista». «Y Carmen no lo es --asegura su madre, María Gil, médico--, y lo avalan numerosos informes médicos que clarifican que es un trastorno de procesamiento auditivo», agravado, dice, «por un estrés postraumático con los años, por las pésimas condiciones escolares de maltrato y aislamiento, con episodios de ansiedad y problemas digestivos».
«Tras esta valoración, que es errónea, hecha por psicopedagogos y no especialistas, nos obligan a ir al Penyagolosa de Burriana. Y ahí arrancan los problemas. El primero, en el comedor, donde la fuerzan físicamente a diario. Ella deja de comer, con un trauma, y hasta le causan sangrados en la boca», dice María Gil. En un informe remitido al Síndic de Greuges relatan que los hechos se denunciaron. Era el 2012. Los padres sacan a Carmen del centro y está cinco meses en casa. Piden al curso siguiente otra valoración y un cambio de centro. Les proponen el Grans i Menuts de Castellón. Pero Carmen, según su madre, está año y medio en una aula de plurideficiencia, sola con su cuidadora, sin contenido académico ni excursiones. Tras intentar el traslado al Torrenova de Betxí, primero; y La Consolación, Villa Fátima o Salesianos en Burriana, sin éxito, por la vía ordinaria, en noviembre del 2016, los padres se llevan a Carmen del centro, y, tras un periodo prolongado, Grans i Menuts lo comunica a la comisión de absentismo, que lo traslada a Servicios Sociales, según cuentan los padres.
«Conselleria eleva además el tema a la Fiscalía de Menores -dice la madre-, que abre investigación y, tras ver los informes de la médico --que dice que la niña se agrava por el entorno escolar-- y de la maestra en casa, lo archiva». Los padres, en este tiempo, piden informes externos, médicos y de expertos, como el de la Fundación Autismo España en Madrid, que concluye que hay «serias dudas de que sea autismo».
Hoy, tras «superar problemas de ansiedad y fobias», según la madre, Carmen recibe clases particulares en casa en las que aprende «lo que durante años no ha podido, y con un retraso de casi dos cursos». «Queremos que dejen de tratarla como una niña con autismo, porque no lo es», apostillan.
Cinco valoraciones de la Conselleria por la inclusión
Conselleria dice que ha actuado conforme a la legalidad vigente. Carmen, por su diagnóstico, debe «ir a un centro de Educación Especial, a uno con unidad específica o a una aula de comunicación y lenguaje (CYL), por su bien». La Conselleria ha emitido hasta cinco informes psicopedagógicos (septiembre del 2011, mayo del 2012, enero del 2013, enero del 2014 y septiembre del 2016) de diferentes servicios, del centro de Educación Especial Penyeta Roja de Castellón, Burriana y València.
El objetivo es, dice, que «la alumna reciba la atención educativa que precisa, en un centro que reúna los recursos personales y materiales adecuados para garantizar su atención, dependiendo del diagnóstico», con «protocolos de actuación y seguimiento», según la Conselleria, en su política de «educación inclusiva».
Según indican, la familia ha sido informada en todo momento de los centros educativos públicos y concertados de Educación Especial o con aulas CYL que cuentan con personal para atender a la alumna, en Burriana, Castellón y Vila-real y que si quieren cambiarla a estos centros no existe ningún problema, pero que la familia lo ha desestimado.
Según Conselleria, en noviembre del 2016, Grans i Menuts (donde la dirección territorial de Educación estimó que debía estar escolarizada desde marzo del 2014 por ser el que contaba con los recursos apropiados para atender sus necesidades educativas) observa que deja de ir a clase, por lo que lo comunicó a la comisión de absentismo y el caso está en manos de Servicios Sociales.
La familia abre una triple vía judicial por lo penal y lo civil
La familia de Carmen no va a parar hasta «normalizar la situación de la pequeña». Y es por ello que mantienen una triple vía judicial. Una, por lo penal, contra el «maltrato continuado en el colegio Penyagolosa de Burriana a la hora de comer, con sus consecuencias», que la Audiencia Provincial ha sobreseído, según la familia, que anuncia alegaciones.
Pero hay otras dos por lo civil, a través de sendos contenciosos administrativos elevados a la Fiscalía de Menores, denunciando el «diagnóstico erróneo de autismo y de discapacidad intelectual, con valoraciones realizadas por psicopedagogos y no médicos, sin tener en cuenta los informes clínicos aportados por la familia»; y «la vulneración del derecho a la educación». Estas dos están «a la espera de la fecha de juicio», según la madre, María Gil, que insiste en que «han llegado a hacerle las valoraciones en una cafetería».
COACCIONES A TESTIGOS //
La madre explica que en el primer caso, contra el colegio Penyagolosa, después de que las monitoras dijeran que se forzaba a la niña para comer, la directora y la inspectora lo negaron, y «se coaccionó a la cocinera». «Ante esto, declaró en nuestra contra, pero cuando ya no trabajaba allí, en febrero de este año, contó ante la fiscal cómo cogían a la niña de piernas y brazos cada día», señaló la madre.
