Los empresarios turísticos de Peñíscola asociados a Agretur darán el chivatazo a la inspección turística sobre los apartamentos pirata, canalizando las denuncias de sus asociados y ejerciendo de intermediarios con la Conselleria para echar el freno a la proliferación de pisos ilegales, que incurren en una competencia desleal con los que lo tienen todo en regla; y los alegales, que pudiendo tener luz verde por cumplir las normas para alquilar, no se han dado de alta. Desde hoy mismo, con el arranque del mes de junio, extremarán los controles para detectar pisos o viviendas destinadas a uso turístico sin registrar en un municipio que suma 3.481 alojamientos de este tipo que cumplen la normativa.
Es una medida que «urge». «Es prioritario que aflore el alto porcentaje de viviendas que están sin censar, pese a que han pasado muchos meses para haberlo tramitado desde la aprobación de la ley», señala Francisco Ribera, presidente de Agretur. Pone el acento en que esta iniciativa, además, «supone un apoyo a los asociados hacia una mayor profesionalización de la gestión». Ribera explica que se hará hincapié en los pisos que queden aparentemente fuera del marco legal establecido, localizados por medios on line, ya sean de particulares o a través de las plataformas.
LA PATRONAL // A la medida, coordinada con el Ayuntamiento y Turisme, se suma el ejecutivo local de Orpesa, pero «de momento», no la patronal. La Asociación de Hosteleros y Empresarios Turísticos (Ashotur) de Castellón señaló ayer «que sobre la mesa no hay ninguna oferta y si la hubiera, se valoraría», según señala su presidente, Carlos Escorihuela, que añadió: «Si se detectan irregularidades, se comunicarán».
