Más de 5.700 firmas ha conseguido ya una petición formulada en la plataforma Change.org por una afectada de la Ley de Dependencia para que el Gobierno central no recurra la contratación de valoradores que están realizando los ayuntamientos de la Comunitat para agilizar la lista de espera. Esta solicitud tiene lugar después de que la Delegación del Gobierno en València haya recurrido la contratación de personal, por parte del Ayuntamiento de la capital del Turia, para poder realizar las evaluaciones de los dependientes, según el nuevo modelo social puesto en marcha por el Consell.
En el caso de la provincia de Castellón, desde la Subdelegación del Gobierno ya han remarcado que, a priori, no van a recurrir ningún proceso selectivo. Y es que, actualmente, hay más de 80 valoradores en los Servicios Sociales municipales de la provincia con el fin de dar salida cuanto antes a las numerosas solicitudes que acumulan meses de espera. El objetivo al final de la legislatura es que no transcurran seis meses desde que se pide hasta que se concede.
Actualmente, hay 7.000 castellonenses dependientes, aunque más de 1.200 todavía no cobran la prestación que les corresponde debido a la demora de la Conselleria.
