La Fiscalía Anticorrupción ha premiado al exsecretario general del PPCV, el castellonense Ricardo Costa, por su colaboración para tirar de la manta y permitir probar la presunta financiación ilegal del partido en las campañas electorales del 2007 y 2008, al rebajar su petición de pena de los 7,9 años de prisión iniciales a solo 4,3, aunque no ha admitido el atenuante de confesión solicitado. Mientras, su defensa pidió que la pena quede en un año y 7 meses, con lo que, automáticamente, no entraría en prisión.
El también castellonense y exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla, quien ha mantenido su declaración de inocencia, ha corrido peor suerte y la solicitud del ministerio público apenas se ha recortado en noventa días, de modo que se queda ahora en seis años y tres meses de cárcel.
Estos datos se dieron a conocer ayer en la sesión del juicio del Gürtel, que quedó visto para sentencia, celebrada en la Audiencia Nacional, en la que los fiscales Myriam Segura y Carlos Alba presentaron sus conclusiones definitivas. En ellas, sí aprecian el atenuante de confesión para el líder de la trama, Francisco Correa --único en usar los canales jurídicos formales para admitir su culpa--, por lo que reducen la petición de pena a menos de la mitad (de 22 años a siete y tres meses).
Lo hacen igualmente en el caso de los nueve empresarios que revelaron haber financiado ilegalmente al PP valenciano con 1,2 millones de euros, para quienes, finalmente, únicamente solicitan el pago de multas. En este punto, la fiscal hizo una defensa muy específica del acuerdo alcanzado por parte de estos empresarios, debido a la rapidez del proceso y el pago inmediato de la multa, además de defender que su grado de implicación y la gravedad de los hechos no es equiparable a las de los políticos y la trama.
ingreso a hacienda // El pago a Hacienda de dos millones de euros que, presuntamente, tenía ingresados Correa en cuentas en Suiza, ingreso del que dio ayer cuenta durante la vista el juez José María Vázquez Honrubia, es uno de los factores, estimado como reparación del daño causado, para pedir que se aplique también este atenuante al líder de la Gürtel.
Anticorrupción rebaja además su petición de prisión para el número dos del Grupo Correa, Pablo Crespo, y para el responsable de responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes.
Medidas ante las que la abogada de la acusación popular ejercida por el PSPV anunció que no es «tan generosa» como la Fiscalía, aunque también reduce las penas para algunos acusados.
Sobre la decisión del ministerio público, el Bigotes aseguró que «la verdad ha perdido» tras conocer por la prensa la sentencia del Tribunal Supremo del caso Fitur que le condena a 12 años y tres meses de prisión y anunció que no colaborará más con la justicia.
camps, en la mira // Durante su exposición de las conclusiones de Anticorrupción, Myriam Segura dejó claro de forma indirecta que la máxima responsabilidad en las decisiones que se tomaron para la financiación ilegal del PPCV fue del expresident del Consell, Francisco Camps, a quien la Fiscalía estudiará si imputar una vez concluido este juicio. Precisamente, Ricardo Costa apuntó claramente a Camps como líder de la trama y confirmó en su confesión la financiación ilegal de los populares de la Comunitat Valenciana.
Segura aseguró que los implicados en la Gürtel diseñaron una forma de financiar las campañas electorales del PPCV del 2007 y 2008 que ocultó al Tribunal de Cuentas «datos fundamentales para una correcta fiscalización».
Para la fiscal, se ha acreditado el uso de facturas falsas y pagos en B de empresarios que gozaban de adjudicaciones de la Administración valenciana y que no podían por ley realizar donaciones al partido. «Se declararon las cosas de manera inveraz», dijo.
