La Generalitat ha sacado a licitación el contrato para la instalación de cajeros en 120 municipios y pedanías que no disponen de servicios financieros por un importe de 7,4 millones de euros, 45 de ellos en la provincia de Castellón. El objetivo, como ha explicado el director general de Administración Local, Antoni Such, es "prestar un servicio que en estos momentos no se está prestando" en aquellos núcleos de población de donde se han retirado las entidades financieras.
En concreto, esta medida se aplicará en Aín, Alcudia de Veo, Ares de Maestrat, Castellfort, Culla, Eslida, Herbés, Jana, Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Portell de Morella, Rossell, Serratella, Tírig, Todolella, Vallibona, Vilar de Canes, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Arañuel, Argelita, Ayódar, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuentes de Ayódar, Geldo, Ludiente, Matet, Montán, Pina de Montalgrao, Sot de Ferrer, Teresa, Toga, Torás, Toro, El Torrechiva, Vall de Almonacid, Villanueva de Viver y Zucaina
"Es fundamental que los ciudadanos y ciudadanas de estos municipios tengan las mismas oportunidades financieras que tienen los otros municipios", ha señalado Such, que ha destacado la importancia de frenar la "exclusión financiera".
Y es que, según los datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), un 2,7% de la población de la Comunitat Valenciana ha perdido desde 2007 el acceso a una sucursal bancaria en su municipio, lo que supone que 135.000 valencianos y valencianas no cuentan con servicios financieros de proximidad.
La medida se enmarca dentro del Plan contra la Exclusión Financiera de la Comunitat Valenciana, elaborado por el Institut Valencià de Finances y de la Agenda Valenciana contra el Despoblament (Avant), coordinada por Presidència de la Generalitat.
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