E informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que desvela graves irregularidades en un contrato del Gobierno de Rodríguez Zapatero con la agencia Crespo Gomar, investigada junto a PSPV y Bloc por presunta financiación ilegal de ambos partidos, supone desde ayer una nueva vuelta de tuerca en un caso que crece para los socialistas valencianos, después de que se conociera este martes la imputación del exalcalde de Benidorm, del mismo partido, en la misma causa judicial, en la que Podem, socios del Consell del Botánic, estudian, además, su personación.

El mencionado informe de la IGAE señala que esta detectó numerosas irregularidades y una cronología «incoherente e imposible», en el expediente de publicidad institucional que el Ministerio de Vivienda adjudicó a Crespo Gomar por 126.208 euros en el 2009, y del cual se sospecha que pudo servir para financiar de forma ilegal al PSPV. Este expediente versó sobre la «realización de la creatividad y producción de la campaña institucional para difundir los contenidos del plan de vivienda 2009-2012», se adjudicó en apenas 24 horas y con un plazo de ejecución que vencía dos días después.

Ese informe fue realizado por la Inspección a petición del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia y remitido posteriormente a Instrucción 24 de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación y que, en consecuencia, ha citado a declarar mañana, viernes, a tres imputados. Son Rosario G.V. y Sandra S.F., respectivas presidenta y secretaria de la mesa de contratación, y José María A.G., el interventor que habría autorizado el pago y que era vocal de esa mesa.

Por su parte, el exalcalde de Benidorm y actual concejal socialista en esa población, Agustín Navarro, quien tendrá que declarar el próximo 14 de junio como investigado en la causa por la presunta financiación ilegal del PSPV, dijo ayer estar «muy tranquilo» y «deseando» acudir ante el juez.

Junto a él, han sido citados Alberto Gomar y el castellonense José Ramón Tíller, socios de la empresa Opino Media SL, y la exconcejal Mariola Fluviá, que ostentaba en área de Contratación, de modo que los imputados en la causa, dividida en cuatro piezas, incluida la excandidata socialista a la alcaldía de Alicante Etelvina Andreu, superan la quincena por el momento.

puig: «hay que escuchar» // Ante este panorama, el president de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, aseguró que «por supuesto» se asumirán todas las responsabilidades que correspondan si la justicia determina que ha habido casos de corrupción del PSPV, pero advirtió que primero hay que «escuchar» la versión de los investigados, y rechazó «una democratización de la corrupción» en los partidos.

Puig, al ser preguntado si se está aplicando la misma ejemplaridad en el PSPV que se pide a otros partidos, aseveró que el partido del que es secretario general ha cambiado la manera de actuar respecto a las responsabilidades que se derivan de la corrupción y cualquier indicio racional de que se haya producido despilfarro «se condenará y se actuará en consecuencia». «Yo creo que sí se está aplicando», dijo, en referencia a la ejemplaridad, para añadir que primero hay que escuchar porque en ambos casos se trata de diligencias previas y hay que saber «qué es lo que ha pasado».