El plan de regularización catastral que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda desde finales del 2013 en colaboración con los ayuntamientos ha aflorado hasta ahora 21.737 construcciones fraudulentas en la provincia de Castellón... y este procedimiento todavía no se considera acabado.

De hecho, la Dirección General del Catastro ha finalizado su trabajo en 63 de los 135 municipios de la provincia, con lo que ha revisado en total 482.353 inmuebles urbanos. Concretamente, el Catastro ha revisado el 68% de los inmuebles de la provincia, por lo que todavía le queda un tercio.

Así, cuando finalice el trabajo (que se lleva a cabo cotejando datos de los ayuntamientos, con ortofotografías vía satélite, mediante fotos aéreas con aviones y drones y también in situ) algo que prevé hacia principios del 2017, la cifra habrá aumentado.

Con los inmuebles fraudulentos detectados, que corresponden al 4,5% del total de los revisados en Castellón (un porcentaje de los más bajos del territorio estatal), los ayuntamientos donde se han detectado estas viviendas irregulares ingresarán más de 20 millones de euros en total.

la mitad, atrasos // Más de 10 de ellos (10,7 millones exactamente) llegarán en concepto de atrasos del impuesto de bienes inmuebles correspondientes al 2014, 2015 y el 2016 (para aquellas localidades que ya lo hayan cobrado). Y el resto en virtud de la actualización que corresponde.

Y es que, de media, cada propietario castellonense al que se le ha detectado una vivienda irregular deberá pagar 579 euros en concepto de atrasos de las últimas anualidades. Y a partir de ahora, cuando se hará efectiva la regularización, deberá abonar 215 euros más en su recibo del IBI (comúnmente llamado contribución) de lo que ya pagaba.

Ambas cifras son de las más altas de España. En concreto, la primera es la novena del territorio estatal y está 100 euros por encima de la media nacional. El motivo puede estar en que casi la mitad de las viviendas fraudulentas en la provincia (el 43%), corresponde a nuevas construcciones (es la novena provincia con mayor porcentaje). Del resto, el 23% son ampliaciones y rehabilitaciones; el mismo porcentaje reformas y cambio de uso; y un 8% piscinas no declaradas.

Todo ello a expensas de las alegaciones. Este proceso ya alzó polvareda con algún invernadero, como publicó este diario. H